Las claves de los contratos de emergencia del Gobierno andaluz con clínicas privadas: 242 millones a dedo en tres años

A la crisis de la Atención Primaria en Andalucía, con manifestaciones y huelgas en el horizonte, que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) no ha logrado aún contener, a pesar de haber firmado un principio de acuerdo con CCOO y UGT y otro con el Sindicato Médico, se le ha unido un asunto, revelado por eldiario.es, al que la oposición –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía– ha dado la máxima importancia: los contratos de emergencia que en el ámbito sanitario ha firmado el Gobierno andaluz con clínicas privadas durante y después de la crisis covid, algunos de los cuales, relativos a pruebas oncológicas, está aún en activo y caduca en el mes de junio.

Mientras la izquierda ha hablado de "corrupción" y ha establecido paralelismos incluso con el caso de los ERE –por el que están condenados dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía–, el Gobierno andaluz sostiene que todo se hizo de acuerdo con la ley y con el aval de los letrados de la administración, además de la Intervención de la Junta. El presidente Moreno ha resumido el asunto con una frase: "Mucho ruido y pocas nueces". De momento, la oposición, no ha llevado el caso a los tribunales. Sí ha asegurado que sopesa hacerlo.

Estos contratos –77 entre 2021 y 2022, que están publicados en el portal de transparencia– se celebraron con 69 empresas y los firma el director-gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con los responsables de cada compañía, según ha comprobado Público. Entre ellas que hay grandes grupos sanitarios y otras más pequeñas en todas las provincias andaluzas (ver cuadro, elaborado con los datos de resumen que recoge el portal de transparencia) y han supuesto –mediante tres prórrogas– un desembolso total de dinero público de 242 millones de euros en tres años, más del triple de lo inicialmente previsto, que fueron 70 millones.

El gasto ha estado sobre todo comprimido entre 2021 y 2022 –8 millones es lo previsto para este año, hasta el próximo junio–, cuando este modo de contratación implicó un porcentaje elevado de la suma total destinada a conciertos con empresas privadas, que en 2021, el último dato disponible, fue de 523 millones, es decir, que con ese dato en la mano el cálculo que sale es:  en torno al 23% de lo destinado ese año a empresas sanitarias en Andalucía, se ejecutó por la vía de emergencia. Para obtener parte de los fondos, hasta 55 millones, el Gobierno andaluz los ha sacado de las partidas previstas para sanidad pública. Según el gabinete de Moreno, estas contrataciones de emergencia sirvieron para realizar un millón y medio de pruebas diagnósticas y de más de 100.000 intervenciones quirúrgicas.

Ley de Contratos

La Ley de Contratos permite en situaciones excepcionales –"a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional"– acudir al sistema de contratación "de emergencia", que elimina todo requisito para el gasto y permite designar a dedo las empresas adjudicatarias. Así dice la norma: "El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente". Los decretos publicados por el Gobierno y por la Junta de Andalucía durante los estados de alarma avalaban también el uso de esta fórmula. Andalucía no fue la única CCAA en utilizarla. Se recurrió a esta fórmula por toda la geografía española.

El primer acuerdo –expediente 110/2021– para utilizar la vía de emergencia para "la contratación de servicios para realización de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas por sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19", lo sacó el director gerente del Servicio Andaluz de Salud el 20 de enero de 2021. En ese momento, estaba en vigor el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de España, que terminó el 9 de mayo de ese mismo año. 

El Acuerdo recoge que la fecha de inicio del expediente es el 1 de febrero de 2021 y la finalización el 31 de diciembre de 2021, por un importe de 70.000.645,80 euros. El objeto del contrato abarca prácticamente todo tipo de pruebas, además del uso de quirófanos, si fuera necesario, estancias en el UCI y rehabilitación, en resume, prácticamente toda la cartera de servicios que ofrece el sistema.

Instrucción de Hacienda

En junio de 2021, con la pandemia ya en remisión, la Consejería de Hacienda, concretamente el director general de Contratación de la Junta de Andalucía, emite una Instrucción, dirigida a todo aquel con capacidad de contratar en la administración andaluza, en la que dice: "Hoy en día […] ya finalizado el Estado de Alarma, esa excepcionalidad se encuentra atenuada, cuando no diluida" y añade que "resulta discutible el mantenimiento de una situación de hecho que evidencie el exceso en el recurso a la contratación de emergencia desde el prisma de los principios inspiradores de la contratación pública como son los de publicidad y libre concurrencia, de los que la contratación de emergencia, por concepto, prescinde".

En la instrucción, Hacienda insta a reducir al mínimo la contratación de emergencia "incluso cuando se dirija a adoptar medidas que directa o indirectamente se orienten a hacer frente a la Covid-19 tendrá carácter excepcional y residual, esto es, siempre que la necesidad a satisfacer no pueda cubrirse acudiendo a ninguno de los procedimientos de contratación contemplados en la legislación de contratos o en las normas internas de contratación que pudieran ser de aplicación". Agrega el director general, además, que cuando se acuda a la declaración de emergencia, "el órgano de contratación justificará motivadamente las razones excepcionales que obligan a acudir a dicha vía" y "cuando el contrato guarde relación con la pandemia, la declaración de emergencia deberá razonar que existe una relación de causa-efecto entre la situación provocada por la crisis sanitaria del Covid-19 y la necesidad surgida y que solo puede ser cubierta por el contrato tramitado por vía de emergencia".

Esta clara, directa y meridiana advertencia de Hacienda es el elemento clave para la oposición. A partir de este momento, consideran, el recurso a los contratos de emergencia ya estaba vedado, o al menos, muy constreñido para Salud y para el resto de consejerías.

Primera prórroga

El 30 de diciembre de 2021, el mismo día que Salud prorrogó por primera vez el Acuerdo original de 20 de enero de 2021, Andalucía tenía 1.136 pacientes hospitalizados por covid –un 6,38% de las camas ocupadas por pacientes covid–, lo que supone una tasa de ocupación hospitalaria de 13,423 camas por cada 100.000 habitantes. De ellos 189 estaba en la UCI –un 10,35% de camas UCI Covid ocupadas–, lo que implicaba una tasa de ocupación de UCI por 100.000 habitantes del 2,23, según los datos del ministerio de Sanidad. 

Como dato para comparar la presión asistencial, sirva el del 2 de febrero de 2021, días después de que el SAS lanzara el acuerdo de contratación de emergencia. En aquel momento, Andalucía tenía el 27,37% de las camas ocupadas y el 36,82% de las UCI y cuatro veces más pacientes: 4.939, según los datos oficiales. 

Para prorrogar el Acuerdo, que aumentó el presupuesto asignado de 70 millones hasta 125.753.167,95 euros, hasta el 30 de septiembre de 2022 "o bien hasta que se resuelvan los expedientes iniciados para la asistencia en las distintas provincias andaluzas", el Servicio Andaluz de Salud lo justificó en "una necesidad imperiosa". Salud esgrimió en su resolución de 30 de diciembre de 2021 el incremento paulatino en la ocupación de camas convencionales y camas UCI, lo que genera "serias dificultades para atender la demanda de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas". Esta presión asistencial, según Salud, requería de la utilización de recursos ajenos para evitar situaciones de tensión". Además, salud afirmaba que no era posible formalizar antes del 1 de enero de 2022, los expedientes en tramitación por la vía habitual, ya con concurrencia y publicidad.

En este acuerdo, el SAS no hace referencia alguna a la instrucción de Hacienda que constreñía sobremanera el uso de la contratación de emergencia y cita incluso una legislación, el Real Decreto Ley 7/2020, que Hacienda había indicado expresamente que ya estaba derogada. Lo que sí cita es un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Salud, de 28 de diciembre de 2021, de tres días antes de la firma de la prórroga. Este informe, que sí da cuenta de que la cobertura legal por la pandemia que tuvo el acuerdo original ya no sirve, acude a que se ha producido un retraso no motivado por la Administración, la gestión de los coletazos del covid, se sobreentiende, en la tramitación del nuevo expediente y a que, por ello, procede la prórroga. Los juristas de salud ponen plazo, el mismo que el SAS: nueves meses: el 30 de septiembre de 2022.

Nuevo aumento del gasto

Según la información aportada por la Consejería de Salud, "con fecha 2 de febrero de 2022, se emite memoria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, por la que se expone nuevamente la necesidad de continuación de la contratación de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del Servicio Andaluz de Salud para la realización de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia".

En esa memoria, según Salud, "se estima un nuevo importe para la prórroga ya que el presupuesto reflejado en la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud del día 30 de diciembre de 2021, hasta el 30 de septiembre de 2022 se hace insuficiente para las nuevas previsiones: conforme a la evolución de la asistencia no se adecuan al presupuesto inicial". La "nueva necesidad real de gasto desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, sería de 226.731.935,84 euros que incluiría el contrato inicial (Acuerdo de Emergencia de 20/01/2021 por importe de 70.000.645,84 euros), el incremento para el 2021 hasta 125.753.167,95 euros y la prorroga desde el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022".

Para hacer esto, el SAS emite una resolución de fecha 21 de junio 2022 en la que se acuerda simplemente la "corrección de la ampliación del acuerdo de emergencia del expediente 110/2021", el original de 70 millones. De este modo, 100 millones de euros más se dispusieron por este simple procedimiento.

Segunda prórroga

Salud concluye el 30 de septiembre de 2022, que "se hace necesario dar continuidad al acuerdo de Emergencia", el expediente 110/2021, pero ya reducido solo, según la Junta, a los "diagnósticos relacionados con procedimientos oncológicos a partir del 1 de octubre de 2022 y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022". La resolución en la que se aprueba esto no está disponible en el portal de transparencia, aunque aparentemente sí: da error.

Salud informó al respecto que mediante una nueva "resolución" se "prorroga el Acuerdo de Emergencia 110/2021 por sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19" y eleva el "gasto estimado del total del expediente incluida la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 por importe de 234.731.935,84 euros". Ocho millones de euros más.

Para esta segunda prórroga, el SAS pide un nuevo informe de la asesoría jurídica de la Consejería que, aunque advierte que "la petición de informe se hace en términos muy generales", concluye también en términos generales, que "existen evidentes razones de interés general para la continuación de la prestación objeto de la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS, para satisfacer nuevas necesidades y para dar continuidad a las ya existentes".

Añade además que hacerlo, aplicando ya no la legislación covid, sino la Ley de Contratos, "resulta razonable y proporcionado dado que, en todo caso, debe prevalecer el interés general ante un eventual perjuicio de terceros, sin que con la misma se contravengan los principios básicos y esenciales de la contratación pública como son la publicidad, la concurrencia, la igualdad y la no discriminación".

Tercera prórroga

El 31 de diciembre de 2022 para el Servicio Andaluz de Salud, "se hace necesario dar continuidad" al acuerdo de emergencia 110/2021 "para los procedimientos oncológicos desde el 1 de enero de 2023 y con una vigencia hasta el 30 de junio del año 2023". Para esta prolongación, se basan en el informe jurídico general, el utilizado para justificar la segunda ampliación. Así, según Salud, mediante una nueva resolución se prorroga el acuerdo por un importe total de 242.731.935,84 euros.

Nuevo sistema de contratación

Después de que la oposición acusara al Gobierno andaluz de salirse del marco legal para hacer contrataciones, el pasado 14 de marzo, el portavoz del Ejecutivo de Moreno, el consejero Ramón Fernández Pacheco, anuncia que en junio, cuando caduquen, ya no se prorrogan más estos contratos de emergencia y anuncia un nuevo sistema de contratación para el SAS, del que no dio apenas detalles, más allá de que estaría centralizado.

Los conciertos sanitarios con empresas privadas no son de ahora en Andalucía. Durante los años del PSOE ya existían –los convenios con Pascual, por ejemplo–. Desde que llegó al Gobierno, el PP ha incrementado en términos absolutos el gasto año tras año en estas partidas. De 410 millones al cierre de 2018, cuando el PSOE dejó la Junta, se había pasado a 523, un 27% más, al cierre de 2021.

En términos relativos, sin embargo, el gasto en conciertos respecto del total del gasto sanitario, debido al aumento del presupuesto global destinado a Salud, ha aumentado apenas unas décimas, del 4,40% de 2018 al 4,49% de 2021. El presidente dijo este jueves que "este año" está "en el 3,86%" y que por tanto, habían "bajado los recursos de los conciertos". Andalucía es en efecto una de las CCAA que menos dinero gasta en conciertos, la cifra en términos relativos es de las más bajas del país. Para este año, la Junta prevé derivar a otros 50.000 andaluces a la sanidad privada, un 25% más.