Enrique Santiago (Madrid, 1964), secretario general del PCE, es candidato de Sumar al Congreso por la provincia de Córdoba, de donde son sus raíces. De allí son tres de sus abuelos y de allí es de donde sus padres y sus tíos emigraron a Madrid y Barcelona. En esta entrevista, defiende las virtudes de una provincia, que define como "maltratada" por los poderosos. "El año pasado, 10.000 cordobeses abandonaron esta tierra y se fueron a otras partes del país a pesar de las inmensas potencialidades que tiene", afirma.

A preguntas de Público, defiende la medida de los 20.000 euros como "la diferencia entre tener que emigrar y no volver nunca a las provincias como Córdoba o poder garantizar el futuro y evitar la despoblación". Y sobre Sumar afirma que es la mayor alianza de la izquierda en España y que sobre ella ha recaído la responsabilidad y la garantía de "ampliar derechos".

¿Qué expectativas tiene? ¿Se podrá revalidar el Gobierno de coalición?

Percibo que la garantía de continuar ampliando derechos ha recaído sobre Sumar. Afortunadamente, las encuestas van diciendo, de forma pausada pero continua, en la medida que nos dan espacios para poder explicar las propuestas, que la gente se identifica con esas propuestas y vamos avanzando y consolidando. Nuestro suelo está claro, pero no existe el techo. Esa progresión se va notando claramente.

Ahora mismo Sumar es la opción que claramente puede extender derechos. Extender derechos es lo que hace que crezca la economía, contrariamente a lo que dice la derecha. Ante los mensajes de recortar y debilitar el sector público y de no reconocer derechos, lo que tenemos que hacer es lo contrario. Espero que ante esta claridad del análisis, todo el voto progresista vaya mayoritariamente masivamente a las candidaturas de Sumar para convertir a Yolanda Díaz en la primera presidenta del Gobierno.

¿La coalición Sumar es sólida? ¿Se ha hecho a tiempo?

Es la alianza más extensa de la izquierda, de los sectores progresistas y democráticos que se ha conformado en nuestro país en toda la democracia. Pone de manifiesto la solidez del liderazgo de Yolanda Díaz. Sumar representa un proyecto bueno para todas las gentes del país, independientemente de donde vengan.

Tenemos un programa capaz de cohesionar España y la primera gran prueba es precisamente esta alianza que reúne fuerzas de distintos territorios en un programa común. Eso es trascendental. Para conseguir cohesionar un país, lo primero es ponernos de acuerdo en cuál es el programa. Y que la gente pueda avanzar de igual manera atendiendo a sus necesidades. Eso es lo que demuestra la gran solidez en estos momentos de Sumar.

¿Lo que hemos vivido hasta ahora en algunos ayuntamientos y comunidades es la punta del iceberg? ¿Es real el peligro de involución si se forma un Gobierno de PP con Vox?

La derecha solo puede poner en marcha gobiernos que niegan graves problemas. Las olas de calor ya causan más muertes en España que los accidentes de tráfico. El año pasado hubo tres veces más muertos por los golpes de calor. Esto es algo que hoy me han dicho los profesionales de la sanidad en un hospital público que he visitado. Si un gobierno niega esta realidad, es imposible que la combata. Es un gobierno de incompetentes, incapaz de gestionar.

Ya vemos cómo se hacen gobiernos que se niegan a abordar problemas que afectan a la integridad de las personas. La violencia machista. O el recorte de derechos que nos ha costado tanto conseguir. En democracia se pueden perder elecciones, pero ahora estamos en riesgo de quedarnos sin derechos y sin democracia. El PP no ha dudado en romper todos los consensos anteponiendo su interés como partido político frente al interés general y al de España como país. Les da absolutamente igual abordar medidas que protejan la vida de las mujeres, pisotear derechos como ya han hecho tirando banderas LGTBI. Lo que demuestra es su voluntad de no reconocer la diversidad de las personas.

Ahí tenemos también el espectáculo del Gobierno de Castilla y León para atender el problema de la ocupación, que es un problema inexistente prácticamente, es un invento de las empresas que venden alarmas. Ya hemos visto esa oficina, de nueve provincias ha atendido en dos de las nueve provincias y ha atendido 40 consultas. Estamos hartos de que la derecha critique el gasto de los ERTES, que votaron en contra, los planes de Empleo –hoy mismo se han aprobado 50 millones de plan de empleo para Andalucía– los llaman gastos superfluos.

La primera medida de los ayuntamientos de las alianzas PP y Vox ha sido subirse salarios de hasta el 40% en ayuntamientos pequeños y se han puesto sueldos de ejecutivos de multinacionales. ¿En qué país vivimos? Es el engaño permanente de esta gente. Para lo único que quieren la administración pública es para saquearla. El PP tiene un récord de corrupción respeto a la administración pública. Han tenido más de 600 dirigentes implicados en casos de meter la mano en la caja.

Me acaba de decir que ha estado en un hospital público ¿Qué plantea Sumar para blindar una sanidad pública, que estamos viendo como se deteriora día tras día?

Lo primero que hay que hacer es incrementar no solamente las transferencias, sino la obligación de las Comunidades Autónomas que tienen las competencias de recaudar. Es decir, lo que no vale es bajar los impuestos a las personas que tienen más recursos, a los grandes patrimonios y luego no invertir en hospitales públicos.

Yo he estado en un hospital de Córdoba, en Montilla y nos encontramos con que en la provincia de Córdoba, con esta ola de calor, han cerrado 250 camas los hospitalarias. Nos encontramos con que los consultorios de atención primaria, el 75% de los consultorios de Andalucía, no abren por las tardes. Ponte enfermo en horario de oficina, por favor, porque si no, no te van a poder atender. Y nos encontramos en que la precariedad, las malas condiciones salariales, han hecho que el año pasado 1.000 enfermeros y enfermeras andaluzas y 600 médicos se fueran.

¿Todo esto de qué va acompañado? Pues hombre de un traspaso que han hecho en Andalucía a la sanidad privada. Esto es una clara intencionalidad de hacer que no funcione la sanidad pública para hacer negocio. El otro día vimos un desayuno con medios de comunicación del señor Feijóo que presentaba el presidente de Asisa y dijo que nos va a ir estupendamente con el PP. Claro, ya les está yendo estupendamente.

Yolanda Díaz lo que ha planteado es una propuesta para que, por ley, se reduzcan hasta desaparecer las listas de espera. No solamente eso, sino que se amplíen las prestaciones a servicios que son imprescindibles, que si no se satisfacen desde la sanidad pública o bien se convierten en negocios de la privada (estoy hablando de salud bucodental, óptico, fisioterapia, salud mental) o bien no se atienden.

Sobre todo hay una medida para garantizar la viabilidad de la sanidad, que es votar a Sumar. Cada vez que se hace una administración en torno al PP la que lo paga es la sanidad pública. Las cuatro comunidades con menos inversión por habitante, Murcia, Andalucía, Catalunya y Madrid, tres de ellas están gobernadas por el PP.

Usted se presenta por Córdoba, pero ¿cuáles son sus vínculos con la provincia?

Yo llevo tiempo atendiendo todas las necesidades de Andalucía y de la provincia de Córdoba en el Congreso de los Diputados. Es una región donde hay una gran implantación de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, de Unidas Podemos, ahora de Sumar. Pero aparte de eso, pues yo soy desgraciadamente un fruto de todas esas personas que tuvieron que emigrar de Andalucía en los años 60 hacia otros territorios del Estado.

Tres de mis cuatro abuelos son de la provincia de Córdoba. Y la provincia donde está mi familia no es precisamente Madrid, es aquí, es en Córdoba. Los hijos de mis abuelos, todos, los cinco hijos emigraron, tres a Madrid, dos a Barcelona. Con el paso de los años, uno de ellos que había emigrado Barcelona pudo volver a Córdoba donde ha fallecido hace poco, ya muy mayor.

Esa es la desgracia de una tierra que tiene inmensas potencialidades, pero que ha sido maltratada sistemáticamente por los poderosos. Una tierra de señoritos, que solo han pensado en intereses de privilegiados y que desgraciadamente sigue operando así. Aquí hoy día los señoritos están dando paso, por ejemplo, a los grandes fondos buitres de inversión, que están acabando con la agricultura, introduciendo cultivos criminales, como por ejemplo el olivo ultraintensivo, que condena a la pérdida de biodiversidad porque es una explotación con máquinas que acaban con las aves, acaban con todo, da una calidad de aceite pésima, acaba con la mano de obra, porque todo se explota mediante maquinaria y depende de un recurso que no hay, el agua.

El año pasado, 10.000 cordobeses abandonaron esta tierra y se fueron a otras partes del país a pesar de las inmensas potencialidades que tiene. En Córdoba está en una de las mejores universidades del mundo; Córdoba tiene mucho futuro y el problema es que ha sido muy maltratada por los señoritos de toda la vida y por los nuevos señorito de los fondos buitres internacionales.

La medida de los 20.000 euros ¿Se ha comprendido bien? ¿Es suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades?

No es suficiente, pero ayuda bastante. Esto no es una medida que consista en regalar 20.000 euros. Es una medida que permite a las personas jóvenes garantizarse que su futuro está algo más exento de discriminaciones por la familia en que hayas nacido.

En una provincia como Córdoba se entiende perfectamente. Aquí acabas los estudios, el grado universitario, si quieres hacer un máster que hoy día es hasta habilitante, es decir, que no te vale con los estudios universitarios, si la familia no te puede permitir ir a otra provincia a hacer ese máster o la especialización, pues para eso sirven esos 20.000 euros, para que no solamente puedan irse a hacer máster de especialización lejos de su familia, los hijos e hijas de familias acomodadas. También sirve para preparar oposiciones.

Estamos cansados de que en este país solo puedan pagar a los preparadores de las oposiciones a jueces, que valen caritos, y que solamente puedan permitirse el lujo de encerrarse tres o cuatro años, sin producir, las familias acomodadas. Y también las de cuerpos elevados de la administración. Esto es una apuesta estratégica.

También sirven para poner en marcha iniciativas empresariales o modernizar explotaciones familiares, que sea capaz de seguir pudiendo competir. Sobre todo en un territorio donde el descontrol que hay ahora mismo hace que la inmensa mayoría de los casos no llegue a quien pone en producción la tierra y se quede en manos de los grandes tenedores. Esos 20.000 son la diferencia entre tener que emigrar y no volver nunca a las provincias como Córdoba o poder garantizar el futuro y evitar la despoblación.

Estamos en sequía y hay falta de agua, ¿seguimos empeñados en producir como si nada?

Las consecuencias de la sequía son muy graves. En Córdoba hemos asistido a un adelanto de lo que puede ocurrir en toda España si no se toman medidas contundentes contra el cambio climático. En Los Pedroches y parte del Guadiato, 24 pueblos se han quedado sin agua para beber, se ha secado un pantano. La Junta no ha sido capaz de tomar las medidas necesarias para evitar esto. No se puede producir como si no hubiera cambio climático. Esto no significa dejar de producir, significa tomar medidas. Había que haberse adelantado, haber vigilado las aguas, depurado las aguas, hecho las construcciones necesarias de comunicación entre pantanos, traer el flujo eléctrico para poder bombear. Esto es un ejemplo. Si a esto le añadimos la sobreexplotación de recursos en una agricultura que no se ajusta al territorio… Ya hemos visto Doñana.

Va a ser la ruina de todos esos pueblos si no se cambia el tipo de producción. Esto afecta a buena parte del país. Esto hay que vincularlo a la transición energética e industrial. Esto hay que hacerlo con seguimiento de las administraciones. Ayer estuvimos en Bujalance, donde la instalación de un parque fotovoltaico iba a acabar con 60.000 olivos de explotación tradicional, que iban a arrancar y va a acabar con, calculaban, hasta 20.000 peonadas al año, puestos de trabajo. No está regulado qué pasa con los residuos contaminantes de estos parques fotovoltaicos.

Es decir, hay que hacer estas transiciones energéticas, nosotros las defendemos, pero en este marco de cambio climático hay que hacerlo de una forma ordenada y con el compromiso de las Administraciones Públicas. La realidad es que somos la única fuerza política, Sumar, que tiene un programa contundente para abordar el cambio climático y garantizar que es lo más importante, la transición industrial y la producción. Un nuevo modelo de desarrollo agrícola y ganadero, imprescindible y que debe ser sostenible, no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y que la transición energética no despueble el territorio.