El Gobierno se aferra a un decreto de Felipe González para proteger al 'lobby' armamentístico

El muro de opacidad en torno a las exportaciones de armamento español a destinos sensibles seguirá de pie, y lo hará en nombre de la "seguridad nacional" tanto de España como de los cuerpos militares que confían en la industria de este país para perfeccionar sus capacidades destructivas.

Los diputados que este martes asistieron a la comisión de Defensa del Congreso salieron de allí con una idea clara. Según les transmitió la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, el Gobierno considera que las vías existentes a día de hoy para acceder a información sobre los envíos de armamento al exterior son suficientes y, sobre todo, "transparentes".

López compareció ante esa comisión para presentar los datos sobre las operaciones autorizadas por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que regula el comercio armamentístico y que cuenta entre sus miembros con representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Tanto el informe en formato escrito elevado al Congreso como la intervención de la secretaria de Estado ante la comisión de Defensa han tenido, una vez más, un límite claro: gracias a un decreto del Gobierno de Felipe González, las actas de la junta tienen carácter secreto.

El Consejo de Ministros encabezado por González adoptó aquella medida en una reunión celebrada el 13 de marzo de 1987, tras permitir el envío de material de defensa a las dictaduras de Chile y Paraguay. 

"Tradicionalmente, ni en España ni en ningún país se establece como criterio para autorizar o no vender el que un régimen sea democrático o no democrático", había afirmado tres meses antes en el Congreso el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez.

El acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González estableció que los procedimientos seguidos por la Junta Interministerial a la hora de autorizar ese tipo de exportaciones se mantendrían en secreto, un elemento clave para frenar cualquier acceso a los expedientes relativos a los envíos de armamento a esos regímenes no democráticos.  

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En su comparecencia de este martes, la secretaria de Estado de Comercio aludió precisamente a ese acuerdo de 1987 para subrayar el carácter "confidencial" de determinados datos "referidos a operaciones concretas", ya que se trata de una "información de especial sensibilidad que afecta a la seguridad nacional tanto de España como de otros países importadores".  

Límites de transparencia

Tras conocerse este último informe, Amnistía Internacional ha lamentado "la ausencia de avances en transparencia y la ausencia de medidas para acabar con el secretismo en estas operaciones".

"Mientras se tramita una nueva Ley sobre Información Clasificada, puede modificar o derogar el Acuerdo del Consejo de ministros del 18 de marzo de 1987 que clasificó como secretas las actas de la JIMDDU al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968", señaló la organización de derechos humanos.

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Las actas sobre las exportaciones de material de defensa continúan a día bajo la protección hermética del Estado. Así se refleja también en varios expedientes del Gobierno emitidos entre 2020 y 2024 a los que ha tenido acceso Público y en los que se rechazan peticiones de acceso a información a través de la Ley de Transparencia.

En todas esas resoluciones, el Ejecutivo se aferra al acuerdo de marzo de 1987 para rechazar cualquier acceso a las actas de las reuniones de la Junta Interministerial en las que se analizan las solicitudes de licencia de exportación de material militar. 

Los intentos de ampliar datos sobre el comercio armamentístico han chocado una y otra vez con el muro levantado por el Gobierno de Felipe González en 1987, amparado a su vez por la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, también vigente a día de hoy.