La pérdida del escaño de Pau Juvillà –hasta la semana pasada diputado de la CUP en el Parlament, condenado a medio año de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar lazos amarillos de las ventanas de su despacho en la Paeria de Lleida cuando era concejal– ha servido tanto para mostrar los actuales límites de la desobediencia institucional independentista, como para evidenciar que ERC, Junts per Catalunya y la CUP siguen lejos de lograr una mínima unidad de acción, ni tan siquiera para responder a la represión del Estado. La polémica gestión del caso que ha hecho la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha puesto a la dirigente de Junts en la picota –partidos como En Comú Podem, Ciudadanos y Vox han pedido su dimisión– y ha ampliado la tensión independentista, sobre todo a causa de su nula autocrítica y la centrifugación de culpas hacia ERC y la CUP. Con todo, ambas formaciones han sido mucho más prudentes públicamente en las críticas a Borràs, cosa que no quiere decir que las acusaciones de la presidenta del Parlament hacia el resto del independentismo no hayan sentado mal en las dos formaciones políticas.

"Tenemos la responsabilidad de no generar más polémicas estériles que no ayudan en nada" asegura una miembro de la dirección de Esquerra en la misma línea que ha planteado este martes el propio Juvillà. Pero admitiendo en privado que Borràs ha ido por libre incluso de su propio partido en el reparto de acusaciones al resto de los independentistas "prisionera de su propio discurso" e intentando "evitar las obvias responsabilidades". "Habría sido mucho mejor una comparecencia pública conjunta en que la presidenta Borràs explicara la situación de Juvillà con todo lo hecho para defender el escaño pero desde el realismo. Lo mismo que se hizo por parte del president Torrent en el caso del president Torra. Por lo menos ERC le hubiera dado el apoyo y se hubiera evitado este espectáculo de reproches", asegura esta misma fuente de la dirección republicana.

Juvillà fue condenado el pasado 14 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por unos hechos que datan de marzo de 2019. Pese a que la sentencia no es firme al estar recurrida al Tribunal Supremo, la Junta Electoral Central (JEC) ordenó que se le retirara el escaño inmediatamente, imponiendo como fecha límite el pasado viernes. El jueves el Parlament había dado la instrucción para cumplir la orden, pese a que de facto ese día ya actuó como si Juvillà ya no fuera diputado, ya que no fue convocado al pleno y Laura Borràs no aceptó su delegación de voto.

El mismo jueves el pleno aprobó un dictamen de teórica defensa de Juvillà, pese a fijar como límite la "represión" a los funcionarios de la cámara, que podrían incurrir en delito si desobedecían la orden de la JEC. En diciembre, el Parlament ya había aprobado otro dictamen similar, pero más ambicioso, ya que se conjuraba para garantizar la continuidad de Juvillà como diputado al menos hasta que hubiera sentencia firme del Supremo. A la hora de la verdad el alto tribunal ni tan siquiera se ha pronunciado todavía sobre las medidas cautelares solicitadas por el dirigente de la CUP y por la misma cámara para evitar la ejecución inmediata de la orden de la JEC.

El antecedente de Torra

El caso es muy similar al que dos años antes culminó con la pérdida del escaño de Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat, y la actuación de Borràs fue, al final, equivalente a la de su antecesor, Roger Torrent (ERC). Pese a ello, el lunes en una entrevista a Rac 1, la dirigente de Junts per Catalunya optó por culpar de la situación a ERC y a la CUP y quitarse de encima cualquier responsabilidad. A parte de descartar dimitir, Borràs aseguró que ella estaba dispuesta a llegar "hasta el final" y que si Juvillà había perdido ya el escaño es porque no se aceptó la "desobediencia colectiva" que ella propuso y que incluía al Parlament i al Govern. "No es que no se pudiera, es que no se quiso", proclamó.

Además de señalar a Roger Torrent –actual conseller de Treball e imputado por desobediencia por su etapa de presidente del Parlament– por, en su opinión, crear un precedente con Torra que ahora la "condiciona", Borràs aseguró que el pasado 29 de enero en un encuentro en Manresa con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, le propuso "plantarse" tanto ante la JEC como en otros ámbitos, como no acatando la sentencia que obliga a hacer que el 25% de las clases se hagan en castellano. Finalmente, añadió que modificó su estrategia al ver que ERC y la CUP no querían "desobedecer" conjuntamente y atacó a los anticapitalistas por exponerla "inútilmente" y "quererla sacrificar" al pedir la delegación de voto de Juvillà.

ERC quiere huir de las "jugadas maestras"

Pese a sus palabras, hasta el momento Borràs se ha negado a concretar en qué consistía exactamente su propuesta de desobediencia y tampoco ha aceptado una comparecencia pública para dar explicaciones, limitándose a manifestar que lo hará en la próxima reunión de la junta de portavoces del Parlament, que se hace a puerta cerrada. Lo que está claro es que su versión de los hechos no concuerda con la de ERC ni la CUP y especialmente los primeros no esconden su molestia con Borràs.

La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, aseguró el mismo lunes que "no sabemos cuál es la propuesta de Borrás", algo compartido también por la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà (ERC). Vilalta, además, añadió que el caso Juvillà tendría que servir para abandonar las "palabras vacías y las jugadas maestras que no sirven para avanzar" y pidió que las propuestas "se basen en la asunción de la realidad". Tanto ERC como desde el Govern se califica como "informal" el encuentro en Manresa entre Borràs y Aragonès y, por lo tanto, en ningún caso como un marco adecuado para abordar grandes estrategias unitarias.

Por su parte tampoco desde el propio partido de Borràs se ha dejado nada claro de que plan de desobediencia institucional colectiva se trata. Según fuentes del Govern los consellers y conselleres de Junts no han manifestado al president Aragonès en ningún caso la estrategia de sumar al Govern al supuesto plan para defender el escaño de Juvillà. Y por lo que parece, desconocían de que plan se trataba y nadie les había informado al respecto. Desde Junts se da todo el apoyo a Borràs y se asume el planteamiento de la presidenta del Parlament, pero en un marco genérico: "Siempre hemos defendido la necesidad de plantear un embate al Estado en contra de la represión y para conseguir la independencia", aseguran. Pero sin concretar nada respecto al plan que decía contemplar Borràs. Eso sí, la dirección de Junts se desmarcan de la presidenta del Parlament en la necesidad de hacer autocrítica también desde el propio partido, aunque sea compartida en el conjunto del independentismo, como expresaba la portavoz Elsa Artadi: "Todo el independentismo debe hacer autocrítica por la falta de unidad que se ha demostrado en el caso de Juvillà".

La CUP insiste en un nuevo referéndum

La respuesta de la CUP ha llegado el martes, el mismo día en el que ha que ha recibido la comunicación oficial del Parlament confirmando que Juvillà ya no es diputado. En un tono muy conciliador, el ya exparlamentario ha asegurado en Catalunya Ràdio que se ha sentido defendido "en todo momento" por la mayoría independentista de la mesa del Parlament y ha añadido que su partido, ERC y Junts "trabajamos conjuntamente muy bien [este caso] pese a los disensos y las visiones diferentes".

Posteriormente, la portavoz de los anticapitalistas en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha declarado en una rueda de prensa que no se sumarán a pedir la dimisión de Borrás, pero ha asegurado que "dijimos que sí a todas las propuestas que iban en la línea de defender los derechos de los diputados y la soberanía del Parlament" [frente a la JEC]. Reguant ha planteado una respuesta unitaria para "revertir la situación" actual, en la que se ha "normalizado la represión" para "poner la presión en el Estado". Para la CUP se tendría que abandonar una mesa de diálogo que no servirá para poner fecha a un referéndum acordado y, en cambio, avanzar hacia una nueva consulta esta misma legislatura, tanto para movilizar a la ciudadanía como para lograr la implicación internacional en la resolución del conflicto.

Pese a que el Govern no ha abordado el caso Juvillà ni las explicaciones de Borràs en el Consell Executiu de este martes, en la comparecencia posterior su portavoz, Patrícia Plaja, ha manifestado que la Generalitat pide un "mínimo común denominador para la unidad antirepresiva" y ha insistido en la necesidad que el movimiento independentista fije una "estrategia compartida para hacer viable la independencia". Declaraciones de buenas intenciones habituales desde hace muchos meses pero que están lejos de llevarse a la práctica.

Más allá de la trifulca política puntual, el caso Juvillà pone de manifiesto como de viva se mantiene la pugna interna entre las formaciones independentistas a pesar de gobernar conjuntamente entre ERC y Junts. En el fondo de la cuestión se dirime la batalla por la dirección del movimiento independentista como se observa con la resurrección de la propuesta que Junts le ha vuelto a plantear a Aragonès en la ronda de contactos que mantiene el president de la Generalitat con los partidos y entidades independentistas. Una vez más Junts insiste en que la dirección estratégica del independentismo se ejerza desde el llamado Consell per la República que encabeza y controla con mano de hierro el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde Waterloo. Algo que ni Esquerra ni la CUP están dispuestos a aceptar ya que a pesar de compartir la necesidad de una estrategia "consensuada" del independentismo el organismo que la fije debe ser "un espacio transversal, inclusivo i abierto que no esté tutelado por nadie", según la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.

En cualquier caso tanto desde Esquerra como desde la CUP –en declaraciones del propio Juvillà– se apunta a la necesidad de consensuar la estrategia conjunta a seguir en los muchos casos judiciales que quedan por venir. Como el de la diputada Eulàlia Reguant de forma inminente en el juicio a que se someterá a principio de marzo acusada de desacato al tribunal Supremo por negarse a responder a las preguntas de Vox en el juicio del Procés. Pero también pendientes de la instrucción judicial contra diversos diputados de Esquerra y de Junts, e incluso de varios miembros del Govern como el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, o la consellera de Cultura, Natàlia Garriga –ambos de Esquerra–, que también deberán afrontar sendos juicios por causas políticas.