Ha pasado un año de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, los comicios que marcaron un punto de inflexión en la política española: el Partido Popular fue el claro ganador, pero la conquista del poder territorial solo le llegó gracias a la normalización absoluta de la extrema derecha como socio de gobierno. Cada presidente autonómico del PP recorrió ese camino a su ritmo y con sus formas, pero siempre con la tutela en la sombra de la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, que apostó por dejar entrar a Vox en cuántos gobiernos hiciese falta. La ambición de demostrar poder ante el PSOE y la realidad numérica se antepusieron.

Carlos Mazón, Jorge Azcón, María Guardiola y Fernando López Miras se unieron al club de socios de la ultraderecha inaugurado por Alfonso Fernández Mañueco en 2022. Junto a ellos, la balear Marga Prohens, que si bien gobierna en solitario, alcanzó un pacto de investidura con Vox del que depende su presidencia.

Uno a uno, tanto los presidentes autonómicos del PP—convertidos en barones y baronesas con cierto peso orgánico— como la dirección nacional del partido defienden que la influencia de los de Santiago Abascal en la cogobernanza de las comunidades es "mínima", que apenas tienen competencias y que están más centrados "en hacer ruido".

Pero lo cierto es que la huella regresiva que están dejando los gobiernos de País Valencià, Aragón, Extremadura y Balears es grande —la Región de Murcia ya estaba gobernada por el PP en solitario, con una consejera tránsfuga de Vox, por lo que no hay agenda progresista que derogar, aunque sí se ha apuntado a la agenda ultra en asuntos como la violencia de género o los recortes a los sindicatos—.

En el mes de marzo, la Generalitat valenciana acordó eliminar el premio contra los delitos de odio que llevaba el nombre de 'Guillem Agulló', un joven de 18 años asesinado por un grupo de neonazis el 11 de abril de 1993. Se trata de un galardón que todas las formaciones políticas apoyaron suscribiendo por unanimidad una declaración institucional en 2016. Vox no tenía presencia entonces en el parlamento valenciano y ocho años después le ha impuesto al PP de Mazón su cancelación con un argumento que los populares han comprado sin dificultad: hay que impulsar un nuevo premio que no lleve el nombre de una persona y que condene todos los delitos de odio.

Borrado orquestado de la memoria democrática

Es el mismo argumento sobre el que el PP —y aquí no necesitan grandes presiones de la extrema derecha—hace pivotar su ofensiva contra las leyes de memoria democrática impulsadas por el PSOE en la pasada legislatura. Hasta la fecha, Aragón ya la ha sustituido por una 'Ley de Concordia' —lo hicieron un 20N y eliminaron también el 3 marzo como Día de la Memoria Democrática—, mientras que País Valencià, Extremadura y Castilla y León se preparan para hacerlo.

La ONU ha reprendido a los gobiernos del PP por "invisibilizar" así a las víctimas del franquismo, pero la entente PP-Vox seguirá hacia delante. Los populares sostienen que no desprotegerán a ninguna víctima, sino que "ampliarán derechos", pero está lejos de ser así. Además de suprimir la palabra dictadura para referirse al franquismo, dan al traste con el mapa de fosas de las distintas comunidades autónomas y eliminarán las subvenciones a las asociaciones que trabajan por la reparación y la memoria democrática.

En el caso de Murcia nunca se llegó a elaborar una ley de memoria democrática y tampoco se plantea impulsar ahora un texto homólogo al de sus compañeros, a pesar de gobernar con Vox. En el caso de Illes Balears, el ejecutivo balear ha declarado en varias ocasiones que ve con buenos ojos la norma, pero que tampoco está sobre la mesa en este momento.

Más castellano, menos lenguas

La batalla contra la memoria democrática es, junto a la desprotección de las lenguas minoritarias, la que más responde a un patrón común para todos los gobiernos PP-Vox. El gobierno de Aragón ha anunciado que eliminará el reconocimiento del aragonés y el catalán como lenguas propias en la región; en la Comunitat Valenciana se ha suprimido la obligatoriedad del uso el valenciano como lengua vehicular en las escuelas de modo que las familias puedan elegir una educación monolingüística en castellano para sus hijos; y en Illes Baleares se ha eliminado la Dirección General de Política Lingüística así como sus tareas de normalización del catalán

Victoria del negacionismo de género de Vox

En materia de igualdad, tras el 28M Balears, La Rioja, Aragón y Extremadura suprimieron la cartera exclusiva de Igualdad. En el caso de La Rioja, el PP ganó por mayoría absoluta, por lo que decisión no está motivada por la influencia de la extrema derecha.

Lo que sí consiguió Vox fue que el acuerdo de gobierno en el País Valencià se refieriese a la "violencia intrafamiliar" en lugar de a la violencia machista o de género. Con la legislatura echada a rodar, los socialistas valencianos denuncian que la Generalitat valenciana presidida por Carlos Mazón ha reducido un 30% el personal para luchar contra la violencia de género de la Fiscalía. Además, han dado luz verde al registro de la 'Fundación de hombres maltratados de la Comunitat Valenciana', una asociación destinada a proteger a los hombres "víctimas de malos tratos en sus relaciones con sus parejas, mujeres". En el Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, también se han fulminado los planes para fomentar el empleo femenino.

Junto a la agenda feminista, la extrema derecha también tiene en el punto de mira los derechos y la visibilidad de las personas LGTBIQ+. PP y Vox chocaron el año pasado en el Govern valenciano por la colocación de la bandera del colectivo para conmemorar el Orgullo: el PP votó a favor, Vox en contra y la izquierda se abstuvo porque en el acto institucional no se permitió participar a personas LGTBIQ+. En ese momento solo se había cerrado el pacto del País Valencià.

Bajadas de impuestos a los más ricos y recortes en cooperación

Otra seña de identidad de las coaliciones PP-Vox son las bajadas de impuestos a los más ricos. El popular Jorge Azcón ha movido el mínimo exento del impuesto de Patrimonio de los 400.000 euros a 700.000 y ha aprobado la bonificación al 99% en Sucesiones para los hijos y cónyuges. En Extremadura, se ha eliminado el impuesto al patrimonio, el impuesto de matriculación de vehículos de alta gama y el que gravaba a los grandes tenedores de viviendas.

Además, los recortes a la cooperación se han convertido en la norma: en Aragón se ha reducido un 80% del presupuesto destinado a esta materia y en Extremadura se han eliminado un 25% las ayudas que reciben las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la cooperación y la solidaridad desde esa región. Illes Balears también ha laminado el impuesto de Sucesiones y Donaciones, en línea con todos los gobiernos del PP, solos o en coalición con la extrema derecha.

Coaliciones en apuros

Así, Feijóo defendió este mismo lunes que el balance que él hace de estos gobiernos es positivo y defiende la gestión de sus comunidades autónomas: "Hay estabilidad política, se aprueban los presupuestos, se aprueba la bajada de impuestos, se mejora la sanidad y se invierte más en políticas sociales", aseguró en una entrevista en Onda Cero. Desde la oposición denuncian lo contrario: aumento de las listas de espera y dependencia, recortes en educación y caída de la inversión en vivienda e infraestructuras.

En cuanto a la estabilidad política, en privado, en el PP hay quien reconoce que "se pierde demasiado tiempo" en "apagar" polémicas generadas por Vox, que sólo buscan "salir en la televisión" y que no se dedican a gestionar. A nivel territorial sus relaciones no son las mejores y queda por ver si todos terminarán la legislatura.