Sumar ha registrado una proposición de ley de reforma del acceso a la carrera judicial basada en un modelo de preparación completamente público, frente al vigente que es "elitista", y que reproduce el examen y especialización que tienen los médicos internos residentes, es decir, lanzar un MIR judicial.

Así lo ha trasladado el portavoz de Sumar en el área de Justicia y dirigente de IU, Enrique Santiago, para demandar a los grupos que apoyan la investidura, especialmente al PSOE, "coraje" y "valentía" para "democratización" de la administración de justicia.

De esta forma, Sumar vuelve a lanzar por su cuenta una propuesta de reforma concreta del ámbito judicial, como vienen reclamando desde que la reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su continuidad tras denunciar 'lawfare' en la causa abierta tras una denuncia contra su esposa, Begoña López.

Hay que perder el "miedo" a reformar la justicia

"Nuestra tarea es empujar a vencer esas resistencias y miedos, esa falta de valentía, para emprender transformaciones profundas y democratizadoras del Estado", ha declarado Santiago en rueda de prensa en el Congreso. En este sentido, ha desgranado que hay que enfrentarse a "poderes del Estado faltos de control democrático", que acostumbran a incidir en la "actividad política" de forma inaceptable, como percibe en parte de la administración judicial.

También ha cargado contra el actual modelo por el papel de los preparadores de futuros jueces, dado que estos magistrados pueden ejercer un papel de "adoctrinamiento" además de ser "cuestionable" que ejercer la función pública sea compatible con una actividad lucrativa privada como preparar a opositores.

Máster, examen, oposición y MIR para especializarse

La proposición de ley de Sumar consta de dos ejes y siempre respetando el modelo de oposición. El primero es habilitar un sistema transitorio basado en que los dos mejores expedientes realicen un máster de dos años, desplegado por universidades, y después un examen asignar las mejores notas a las plazas de juez.

Luego, insta al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley en el plazo de un año desde la aprobación de la reforma para desplegar una Escuela de Funcionarios Jurídicos del Estado de carácter público y para el acceso de todos los estamentos judiciales (Judicatura, Fiscalía, Letrados de la Administración, Abogacía y Letrados del Consejo General del Poder Judicial).

En este caso, como ha explicado el diputado de Sumar, se recupera la realización de un máster para los mejores expedientes de licenciados en derecho en universidades, unido a una prueba de evaluación y luego un sistema de especialización que reproduce el modelo MIR en sanidad, donde los seleccionados escogen la rama judicial.

Junto a ello, se incide en el despliegue de sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes, dotando de ayudas a los solicitantes atendiendo a la situación social y económica. E incluso ha abogado por desplegar un test psicotécnico a las personas que se presenten al concurso oposición.

Santiago ha explicado que para los aspirantes que no superen el acceso y tendrán un certificado de haber realizado ese máster para ejercer la abogacía y que se obligará a los candidatos a familiarizarse con la realidad judicial, ejerciendo por ejemplo el turno de oficio.

Modelo actual "elitista"

En su iniciativa, Sumar critica que el actual sistema es "elitista", "obsoleto" y "decimonónico", además de reprochar que salgo algunas excepciones el proceso de preparación de acceso es básicamente una actividad "mercantil privada" que ejercen miembros del Poder Judicial. "En la inmensa mayoría de casos, ejercen esa actividad en un régimen irregular y la retribución que perciben suele ser fiscalmente opaca", ahonda el texto.

El también portavoz adjunto del grupo plurinacional ha lanzado que el franquismo hizo una "terrible depuración" de la carrera judicial y que con la entrada en vigor de la Constitución, muchos de los valores "antidemocráticos" del régimen han pervivido, por lo que es necesaria la "democratización de la administración".

Actitudes "despóticas" de los nuevos jueces

También ha denunciado que el actual modelo de preparación, que es eminentemente privado, genera "discriminaciones de índole económico" y ha remarcado que según los datos del mes de febrero el 98% de la promoción actual de jueces declara que fueron sus familiares los que sufragaron los gastos de formación, cuya media son más de cinco años.

Además, ha proclamado que el modelo de acceso actual no es adecuado porque prima casi exclusivamente el principio memorístico, algo incongruente en la actual sociedad digitalizada, y no se exige mostrar "la más mínima empatía por los justiciables, la ciudadanía". En este sentido, ha asegurado que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, que "es poco sospechoso de ser una persona situada en la izquierda política", ha advertido que en las últimas promociones de jueces como reflejo de los "tiempos de involución", dado que se muestran cada vez actitudes preocupantes de "altivez", "prepotencia" y "cierto despotismo" en los nuevos magistrados.

Por todo ello, Sumar plantea que en el temario de oposición sea obligado un apartado de sensibilidad social, parcela que no sería evaluable pero que mejorará la formación de futuros miembros del cuerpo judicial.