El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido a la Guardia Civil que elabore un informe que recoja el posicionamiento de los integrantes del Comité Estratégico creado para llevar a término las actuaciones del procés, y que estaría formado por los investigados Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, además de otros dirigentes de las formaciones independentistas, como la número dos de ERC, Marta Rovira, y la portavoz de la CUP, Anna Gabriel. 

Así lo acuerda el magistrado en una providencia, por aparecer dicho comité en el documento Enfocat incautado durante un registro ordenado por el Juzgado número 13 de Barcelona, en el que varios políticos de ERC y el PDeCat habrían esbozado la hoja de ruta del proceso soberanista catalán, que incluyó la convocatoria del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia. El valor del documento Enfocat como prueba ha sido cuestionado por algunas defensas de los imputados.

Una vez tenga los resultados de la investigación, el juez planea estudiar si imputa a más personas, como Marta Rovira. En todo caso, fuentes del alto tribunal apuntan a que las nuevas diligencias no se dirigen personal o concretamente contra la número dos de ERC ni contra ninguna persona, sino, en principio, se limitan simplemente a pedir datos objetivos a la Guardia Civil.

Según Enfocat, el comité estratégico estaría formado por el presidente y el vicepresident del Govern, así como los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas, y los presidentes y vicepresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la AMI (Asociación de Municipios Para la Independencia).

Las pesquisas deberían "esclarecer y justificar si existen indicios que apunten a la existencia de un eventual concierto inicial" entre estos partidos  y asociaciones "orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de la Comunidad Autónoma de Catalunya", y en qué actos concretos se plasmó ese supuesto plan, según señala la providencia del juez. 

El juez quiere averiguar, siempre a partir de investigaciones de la Guardia Civil, si ese supuesto concierto incluía movilizaciones públicas y posibles actos violentos, y también si se han usado fondos públicos en dichos actos, caso de que se hayan llevado a cabo.

Así, exige investigar que fondos públicos se han podido emplear en iniciativas anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como podrían ser campañas de diseño y promoción de vídeos promocionales del referéndum, carteles, papeletas, urnas, registro de catalanes en el extranjero y otras semejantes. Pide también un informe "individualizado" y "secuencial" sobre posibles actos violentos cometidos en el contexto del proceso independentista.

Además, quiere saber qué hizo el conseller de Interior, Joaquim Forn, en tanto que responsable de las fuerzas de seguridad catalanas, relación con todo ello.

El magistrado reclama también al juzgado 13 de Barcelona, que ha instruido un sumario sobre hechos vinculados con la causa, diversas actuaciones que ha practicado en relación con el proceso secesionista.

El propio juez cita en su providencia los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación en los que podrían estar implicados los investigados en la causa u otros nuevos imputados.