El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado este martes por Transparencia Internacional, evidencia hasta qué punto la mayoría de los países han logrado escasos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público.

Durante los últimos doce años, el promedio global del IPC se ha mantenido sin variaciones en los 43 puntos –en una escala de 100–, siendo de dos tercios la proporción de países que obtienen una puntuación inferior a 50.

España, con sus 60 puntos, se sitúa por encima de la media global, sin embargo suspende por la mínima si nos atenemos a los 64 puntos de media que cosecha en esta ocasión la Unión Europea, con Dinamarca encabezando el índice por sexto año consecutivo con 90 puntos, seguida de Finlandia con 87.

Cierra el baremo europeo Hungría con 42 puntos. Un país que, según detalla el informe, ha implementado de un modo "poco convincente" la reforma del Estado de derecho llevada a cabo en el país. Además, Transparencia Internacional denuncia la reciente iniciativa legislativa que busca "silenciar a la oposición".

"Problemas de larga duración" en España

"En España persisten problemas de larga duración vinculados con el Estado de derecho, se percibe que la independencia judicial está disminuyendo", detallan los autores de este informe anual que clasifica a 180 países y territorios según las percepciones con respecto al nivel de corrupción en el sector público.

Transparencia Internacional sitúa como principal escollo a superar en nuestro país "la urgente necesidad de reformar el sistema de cuotas partidarias para los nombramientos judiciales", una situación a la que –subraya el informe– se ha llegado debido a "un estancamiento de cinco años en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Según la organización responsable del informe, contar con órganos judiciales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley independientes, transparentes y dotadas de recursos suficientes es fundamental para contener la corrupción. A su vez, remarcan en el informe, "resulta clave evitar que el abuso del poder político, el soborno y otras formas de corrupción influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces".