Elecciones AndaluzasVox aboga por prohibir el aborto, derogar las leyes de violencia de género, el matrimonio igualitario y volver a la familia tradicional

La irrupción de Vox como fuerza política con representación parlamentaria en Andalucía supone un duro ataque a los logros de la mujeres y de los colectivos LGTBI, no sólo en aquella comunidad autónoma, sino en el resto del territorio nacional. Su programa "100 medidas para la España Viva", presentado el pasado mes de octubre en el multitudinario mitin en Vistalegre, sólo marca la ruta, pero no la profundidad del pensamiento y los cambios que esta formación y sus más notables miembros quieren conseguir en relación a la familia, la conciliación, el feminismo o los derechos de los colectivos más vulnerables.

Los detalles más duros de su programa los han ido vertiendo en redes sociales y diversos encuentros muchos de los representantes de este partido de ultra derecha, doce de los cuales se sentarán ahora en con capacidad de decisión dentro de un parlamento autonómico.

Uno de los más explícitos ha sido, desde hace años, el conocido como Juez Francisco Serrano, cabeza de lista de Vox por Andalucía, que no ha desperdiciado ocasiones para arremeter contra la ley de violencia de género aprobada en 2004, exigir el fin del aborto, abogar por la familia tradicional, desmontar las instituciones que garantizan la igualdad de oportunidades para las mujeres o arremeter contra el matrimonio homosexual. 

Serrano, que fue inhabilitado durante diez años para ejercer como Juez por el Tribunal Supremo por mala práctica en un caso de custodia de un menor y posteriormente rehabilitado hace un año por el Tribunal Constitucional, habla insistentemente de que él es una "víctima del yihadismo de género" y arremete contra el "hembrismo" y el "feminismo radical". Afirma que el problema del feminismo es que lo "dirigen mujeres" que "odian al varón, su competidor" 

El programa de Vox incluye al necesidad de derogar la Ley de violencia de género, respaldada por el Tribunal Constitucional en 2008, "y toda norma que discrimine a un sexo de otro" y sustituirla por "una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados" y  "persecución efectiva de denuncias falsas". Estas últimas reconocidas como inexistentes y cifradas en menos de un 0,01% por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Abogan también por "suprimir de la sanidad pública" las intervenciones quirúrgicas que consideran como "ajenas a la salud", como el cambio de género o el aborto.

En materia de educación, exigen la puesta en marcha de lo que denominan un "PIN Parental y Autorización Expresa", que precise el consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales. Es decir, todo aquello que pueda suponer una educación afectivo sexual y de igualdad. 

Entre las 100 medidas incluyen la "promulgación de una ley orgánica de

protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al

Estado y la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", haciendo gala de los planteamientos más conservadores, tanto sobre el aborto, como una oposición frontal a cualquier medida que suponga la eutanasia o los cuidados paliativos. 

En su defensa acérrima de la familia tradicional, el programa de Vox aboga por la ampliación del permiso de "maternidad a 180 días, que se prolongaría a un

año en el caso de hijos con discapacidad", sin hacer mención alguna al permiso parental ni medidas de conciliación, volviendo a colocar a la mujer en el sitio que las organizaciones ultras consideran que es su papel tradicional: el de cuidadoras.

Por último y en línea con el pensamiento más utraconservador sobre la familia y los derechos de los menores, Vox aboga por la "custodia compartida como regla general y proteger el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y con sus abuelos", sin más consideraciones sobre la necesidad de proteger el interés superior del menor, tal como reclaman las leyes y los convenios internacionales firmados por nuestro país.