Ayuso presenta una ley farmacéutica acusada de "fraudulenta", insuficiente y que fomenta la precariedad

Afiliados a la vía rápida, un formato habitual en las formas de Isabel Díaz Ayuso para aprobar medidas de calado en la Comunidad de Madrid, el Gobierno del Partido Popular ha cumplimentado la propuesta de un anteproyecto para una ley autonómica de ordenación y atención farmacéutica, con la intención de derogar la norma vigente instaurada en 1998.

Tramitado con carácter urgente, el Ejecutivo ha cosechado por el camino las críticas al proyecto, acusado por la oposición y asociaciones de farmacéuticos de innecesario, "fraudulento" y con la ambigüedad necesaria en el lenguaje para abrir puertas a la privatización y a la precariedad.

Los trámites del anteproyecto eliminan por completo para esta norma el trámite de consulta pública y cercena a la mitad el trámite de audiencia e información pública, por lo que muchas partes implicadas no podrán opinar sobre esta ley. 

"Se trata de un anteproyecto que llega por vía de urgencias pero para el cual no se han dado ninguna prisa. Es decir, son lentos para legislar pero rápidos para evitar que la sociedad pueda participar en el periodo de consulta pública. Es una ley redactada solo con una parte cercana al gobierno, sin escuchar al resto de actores", asegura Javier Padilla, diputado de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad.

El Movimiento para la Defensa de un Modelo Farmacéutico Asistencial en España (MODEMFA), ha interpuesto un Recurso Contencioso Administrativo contra la tramitación urgente. "Al ser el Decreto una norma de rango reglamentario no puede limitar derechos de los ciudadanos, máxime cuando hay reserva de ley que, en el caso de Madrid, debe ser aprobada por la Asamblea de la Comunidad", aseguran en un comunicado. 

Su presidenta, Marian Montero, ha asegurado a Público que, aunque el Colegio de Farmacéuticos dice que los profesionales han sido consultados y que se han cumplido todos los trámites,  es "mentira": "Nos presentaron el borrador y no pudimos decir nada. Nos dijeron que la ley era un reconocimiento al trabajo en la pandemia y nos pareció un insulto a la inteligencia y a la dignidad de los farmacéuticos. Han iniciado una tramitación fraudulenta y atenta contra los intereses de los pacientes y profesionales", sostiene.

Además, aunque Montero no rechaza la posibilidad de mejorar la ley creada en 1998, le parece precipitado su derogación total. "La ley estaba bien hecha y no hay nadie que diga que esta ley está mal o no nos atiende. Se puede mejorar, pero cargarse una ley y decir que está obsoleta... Una ley tiene que hacerse con el consenso de los farmacéuticos", arguye. 

Sospechas de futuras privatizaciones

Como pasara con la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, que sus formas para crearla levantan sospechas de posibles privatizaciones, esta ley farmacéutica deja algún párrafo susceptible de pensar que en el futuro se abrirá la puerta a la empresa privada. 

La ley, que regula la dispensación de fármacos a domicilio, contempla que "el acto profesional de la dispensación se realiza por un farmacéutico, o bajo su supervisión, integrado en la plantilla del establecimiento farmacéutico responsable de la misma".

"Es un anteproyecto que más que generar certezas jurídicas, abre ámbitos de desregulación. Dice que regula la prestación a domicilio, pero en realidad abre un ámbito en el que podrían crearse deliveroos farmacéuticos con trabajadores precarizados. Dice que regula la prestación farmacéutica, pero en realidad no entra a su desarrollo en absoluto", sostiene Javier Padilla.

Además, Más Madrid echa en falta cuestiones como figuras coordinadoras, cuestión que no aparece en la ley. "En 2022, no puede ser que una ley no recoja la creación de espacios de coordinación farmacéutica, que debería coordinarse por los farmacéuticos de atención primaria e incluir a los profesionales prescriptores de atención primaria, dispensadores de las oficinas de farmacia y a quienes hacen seguimiento en las OF y los centros de salud", sostienen los líderes de la oposición en Madrid.