La auditoría externa que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para abordar los numerosos abusos sexuales en el seno de la Iglesia no convence ni a las propias víctimas ni a gran parte de las organizaciones cristianas.

Este lunes, representantes de cinco colectivos de cristianos de base han entregado una carta abierta en la sede de la Conferencia Episcopal en la que piden a los obispos "trasparencia" y que participen en la auditoría que está poniendo en marcha el Defensor del Pueblo si de verdad quieren que haya una "investigación adecuada" que garantice a las víctimas justicia y reparación.

La entrega ha sido impulsada por las organizaciones cristianas Alandar, Movimiento Celibato Opcional (Moceop), Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana, Redes Cristianas y Revuelta de Mujeres; y ha contado con el respaldo de más de cien colectivos cristianos y 1.200 firmantes a título individual. 

"Creemos que han enfocado esta cuestión de una manera equivocada e insatisfactoria, sobre todo para las víctimas", ha explicado a las puerta la sede de la Conferencia Episcopal Raquel Mallavibarrena, portavoz de Redes Cristianas. Consideran "un paso positivo" esta auditoría, pero "insuficiente" para apoyar y resarcir a las víctimas que solo muchos años después han dado el paso de denunciar los abusos que sufrieron.

La CEE ha recogido la carta, titulada "Pasar de las tinieblas a la luz", aunque los impulsores no han sido recibidos oficialmente. Justo este lunes se celebra en la misma sede la 199ª Asamblea Plenaria de obispos. En su discurso inaugural, el arzobispo y cardenal Juan José Omella también se ha referido a la auditoría encargada al prestigioso bufete de abogados, que durará un año y estudiará los 220 casos que la CEE ha reconocido de los al menos 1.237 menores abusados, según datos de la investigación de que El País comenzó en 2018.

Omella ha insistido en que la pederastia es "una auténtica lacra a nivel social", una "nueva forma de esclavitud mundial", aunque no un problema exclusivo de la institución eclesiástica. Ha asegurado que "requiere un análisis completo y un buen diagnóstico, libre de demagogias y sectarismos ideológicos", y que la autoría encargada añadirá "transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante".

Sin embargo, las entidades impulsoras de la carta aseguran que "no están claros los objetivos de esta esta auditoría" que parece más centrada en "cuestiones puramente jurídicas" y que no da confianza a las víctimas. Piden que la Iglesia "deje de adoptar una estrategia defensiva y de poner palos en la rueda" y que participe en la investigación que está poniendo en marcha en Defensor del Pueblo.

De hecho, una de las agrupaciones de víctimas de abusos por parte de religiosos, Infancia Robada, ya mostró su rechazo a esta comisión. Entendía que había "intereses contrapuestos", ya que el socio principal del despacho contratado por los obispos, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei, una institución también salpicada por casos de pederastia.

En su carta, las organizaciones cristianas de base exigen a la Iglesia que cree una Comisión de la Verdad con un mandato independiente siguiendo el ejemplo de otros países como Irlanda, Alemania, Estados Unidos o Francia. También piden la creación de una oficina centralizada con criterios de actuación coherentes con las normas promulgadas por el Vaticano, es decir, que se tramiten e investiguen todas las denuncias de abusos actuales y pasadas y que se acompañe a las víctimas y se las indemnice. También consideran urgente que la Iglesia ponga en conocimiento de la Justicia cualquier denuncia de abusos sexuales y que colabore en su investigación, con independencia de la investigación canónica correspondiente.