En España, las razones para no tener más hijos son socioeconómicas porque, "con salarios medios de entre 900 y 1.300 euros, tener dos hijos es asumir riesgo de pobreza", asevera, en una entrevista con Efe, el director general de Save The Children, Andrés Conde.

Y es que el coste de tener un hijo en España en términos de salud, alimentación, vivienda, educación... que no cubre el sistema público, es de 400 euros mensuales hasta los 3 años y de unos 700 euros cuando llegan a la adolescencia.

En España, la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer y el número de menores no llega a los 8,5 millones. De ellos, 1,3 millones están en riesgo de pobreza severa: una situación que supone que una familia de cuatro miembros tenga unos ingresos mensuales de 700 euros o menos.

Para combatir esta situación, Save the Children propone a los partidos políticos que concurren a las elecciones la necesidad de elevar la prestación por hijo a cargo hasta los 100 euros mensuales (actualmente es de 28,5 euros para las familias en situación de pobreza moderada y de 49 para la que padecen pobreza severa). Y que esa prestación por hijo a cargo se vaya extendiendo progresivamente al resto de la población.

"Resulta mucho más barato invertir para combatir la pobreza infantil que mantener sus consecuencias", explica a Efe el responsable de la organización de protección a la infancia, que acaba de cumplir 100 años, más de veinte de ellos trabajando también en España.

Save the Children calcula que el coste de "no hacer nada" para combatir la pobreza alcanza el 5% del PIB, "dado que son niños que están condenados a depender eternamente de ayudas públicas", mientras combatirla costaría la mitad, subraya Conde.

Para alcanzar ese porcentaje del PIB, desde la ONG urgen a los políticos a que incluyan en sus programas electorales medidas específicas como el incremento de la prestación por hijo a cargo, ayudas específicas para las familias monoparentales y mejoras del modelo de becas para que, a través de la educación, consigan romper el círculo de la pobreza.

También en clave política les recuerda que, según una encuesta realizada por esta organización que se presentará mañana, al 84% de la población le preocupa la pobreza infantil y el 57% de los ciudadanos está dispuesto a pagar más impuestos para erradicarla.

Lucha contra los abusos a menores

Conde insiste en la urgencia de aprobar la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que quedó paralizada con la convocatoria de elecciones pese a contar con un amplio consenso.

Una ley que, en su opinión, habría hecho aflorar más casos de abusos sexuales a menores al recoger la ampliación del periodo de prescripción de estos delitos, ya que es en la edad adulta cuando las víctimas se atreven a denunciarlo.

En este sentido, valora que la Iglesia "haya dado algunos pasos" para visibilizar los abusos cometidos en su seno, aunque la insta a "hacerlo con valentía y hasta las últimas consecuencias".

Así, reclama a las conferencias episcopales que "no teman escarbar en el pasado para descubrir cosas que pueden ayudar a construir un presente protector para los niños y las niñas", al tiempo que advierte de que los abusos "se producen en todos los espacios que hay niños y niñas".

En una de cada dos denuncias que recibe la policía por abusos y agresiones sexuales, recuerda, la víctima es un niño, una niña o un adolescente, y es la familia el marco donde se producen la mayoría de los casos.

Por este motivo reclama que los menores reciban educación afectivo sexual "en la edad más temprana y con un lenguaje adecuado", ya que es en este periodo de su vida cuando suelen comenzar los abusos.

Existen "evidencias" –dice– de que cuando los menores cuentan con esa formación afectivo sexual y toman conciencia de que un comportamiento hacia ellos no es adecuado, lo rechazan.

Protección estatal a los menas

Además, Save the Children exige un cambio en la política de atención a los Menores Extranjeros No Acompañados (Menas). Porque, denuncia Conde, cuando un mena cumple 18 años el Estado lo pone en la calle sin permiso de residencia ni de trabajo y sin formación profesional, lo que los convierte en carne de cañón para las redes de tráfico de personas y los aboca a la exclusión social; en el caso de las adolescentes, a la prostitución con casi total seguridad.

Ante esta situación, insta a los partidos a defender una estrategia estatal de protección de estos menores que obligue a la corresponsabilidad de las comunidades, a incluirlos en el sistema mediante la formación ocupacional y a integrarlos en el mundo laboral.

Para ello, insiste, hay que tener en cuenta su situación: que se han jugado la vida para llegar, que su objetivo es conseguir un empleo para ayudar a sus familias y que, en todo caso, su meta final no es España.

Así, propone que la integración se haga en grupos reducidos o mediante el acogimiento en familias de su comunidad de origen (a las que se bonificaría por ello) y que se les facilite una formación ocupacional que les permita acceder a un empleo.

En España hay algo más de 13.000 menas inscritos en el sistema de protección de los que Andalucía, el País Vasco, Catalunya y la ciudad autónoma de Melilla aglutinan a más del 80 %.

Frente a quienes han querido dar una imagen de conflictividad de estos chicos, Conde contesta: los datos policiales atestiguan que la prevalencia de delitos y de crímenes cometidos por menas "es menor en muchos lugares a los cometidos por la población local". "Tenemos que tener mucho cuidado de no crear un fenómeno de rechazo donde realmente no hay una base de problema", zanja.