El Gobierno eleva el rescate de la autopista AP-36 hasta 411 millones y cifra en cero euros el de la M-12

El Gobierno ha incrementado a casi 411,36 millones de euros la compensación a la concesionaria de la autopista quebrada AP-36, Ocaña-La Roda, por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) y cifrado en cero euros la correspondiente a la M-12 Eje Aeropuerto.

Las cuantías, aprobadas este martes en la primera resolución al respecto del Consejo de Ministros pero que siguen sin ser aún definitivas, suponen en el primer caso un aumento de casi el 29,31% frente a los 318,18 millones estimados el pasado mes de marzo.

Una vez aprobadas por el Consejo de Ministros podrá, sin embargo, procederse al abono de esta primera resolución, aunque las cantidades serán aún revisadas conforme se establece en el Acuerdo de Interpretación, en las Resoluciones Complementaria y Definitiva, según indica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Conforme al mismo la cifra se determinarán cada seis meses para tener en cuenta las situaciones pendientes de expropiaciones, motivo por el cual se ha retenido en ambos casos parte de la Responsabilidad Patrimonial calculada. El Ministerio continuará en paralelo con el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración asociado al resto de autopistas que se encuentran en fase de liquidación.

La autopista AP-36 fue adjudicada mediante Real Decreto en febrero del 2004 a la agrupación constituida por Ferrovial Infraestructuras, Europistas, Concesionaria Española, y Budimex. En diciembre del 2012 esta sociedad se declaró en concurso voluntario, abriéndose la fase de liquidación el 24 de febrero de 2015.

En el caso de la M-12, fue adjudicada en noviembre del 2002 a la sociedad concesionaria  Autopista Eje Aeropuerto, Concesionaria Española, declarada a su vez en concurso de acreedores en diciembre de 2013, abriéndose su fase de liquidación en octubre del 2015.

Ambos contratos fueron resueltos por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018, que ordenó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tramitara el expediente de liquidación del contrato, con la debida cuantificación del valor de la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

El servicio en las autopistas se ha mantenido activo pese a la quiebra de sus sociedades gestoras por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), que asumió su explotación en el año 2018.

En abril del 2019, el Consejo de Ministros aprobó el llamado "acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas", con la metodología para calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

En su cálculo ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por los interesados durante un trámite de audiencia y el informe cuenta con informe favorable de la Abogacía del Estado.