Mar MediterráneoPodemos-IU insta a la Eurocámara a crear un cuerpo civil de rescate en el mar

La delegación de Unidas Podemos en la Eurocámara presentó este jueves dos proyectos piloto para que la Unión Europea dé cobertura legal a las ONG que asisten a los migrantes en el mar Mediterráneo y ponga en marcha una operación civil europea de búsqueda y rescate, anunció este jueves la eurodiputada Sira Rego.

"Hemos presentado dos proyectos piloto para habilitar una partida presupuestaria para dar apoyo jurídico a ONG y colectivos que están haciendo trabajos de solidaridad y trabajos humanitarios en el Mediterráneo (...) y para que el Parlamento Europeo promueva una misión civil de búsqueda y rescate en el mar", señaló Rego en una rueda de prensa.

La eurodiputada de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en la Eurocámara abogó por que los dos proyectos sean incluidos en el presupuesto de la Unión Europea de 2020 y cuenten con una dotación económica superior a los 100 millones de euros.

"La desmilitarización del Mediterráneo es prioritaria", aseguró la eurodiputada Sira Rego

Rego señaló que las instituciones tienen que "dar cuenta de las necesidades y del drama humano" que se vive en el mar Mediterráneo y destacó que las labores de búsqueda y rescate de personas migrantes deben hacerlas civiles y no militares. "La desmilitarización del Mediterráneo es prioritaria. Es necesario que las tareas de salvamento las lleven a cabo personas no militares preparadas para afrontar casos como los que estamos viendo a diario", agregó.

Rego anunció estas propuestas en una rueda de prensa junto a los abogados Juan Branco y Omer Shatz, que el pasado junio denunciaron a la Unión Europea ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por los operativos de rescates de inmigrantes en el Mediterráneo.

Dos iniciativas en el punto de mira

La denuncia, que tiene más de 240 páginas, critica dos iniciativas de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo: Mare Nostrum, impulsada por Italia hasta noviembre de 2014, y Tritón, puesta en marcha posteriormente por la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Según los denunciantes, Frontex dejó de patrullar las aguas cercanas a Libia tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) de 2012, que obligaba a los países europeos a trasladar a su territorio a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y a respetar sus derechos fundamentales.

Al alejarse de la costa libia, los barcos de Frontex evitaron tener que cumplir con la sentencia del TEDH y delegaron los rescates en los guardacostas libios, que son formados y financiados por la UE, para redirigirlos hacia el país africano y retenerlos en campos de detención.

"No hay ninguna duda sobre la responsabilidad criminal de diversos actores de la Unión Europea, desde comisarios y directores generales de la Comisión Europea, pasando por ministros de Estados miembros, en particular italianos, franceses y alemanes", explicó Branco.

"La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, asumió con el ministro de Interior italiano de la época (Angelino Alfano) el final de la operación Mare Nostrum, sabiendo -y tenemos documentos que lo muestran- que iba a multiplicar por sesenta la mortalidad en el mar Mediterráneo", aseguró Branco.

Los abogados piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que tome cartas en el asunto e investigue los archivos de la Comisión y del Consejo europeos, así como de los Estados miembros, para establecer responsabilidades derivadas de las mencionadas políticas migratorias.

Por su parte, el abogado Omer Shatz explicó que más de 40.000 migrantes que intentaron abandonar las zonas de conflicto en los últimos tres años fueron interceptados por guardacostas libios -a los que forma la UE a través de su operación Sofía en el Mediterráneo central- y llevados a centros de detención.

"La UE llama a cerrar los centros de detención en Libia y a evacuar a los migrantes, pero por otro lado los sigue enviando a esos lugares, donde los niños pasan hambre y las mujeres sufren abusos sistemáticamente", señaló Shatz. "El problema radica en que la Comisión Europea en lugar de enfrentar el problema, criminaliza a las ONG de rescate", aseguró el abogado israelí.