Los acuerdos entre el Govern y parte de los agricultores catalanes generan recelos en el sector agrario y críticas del ecologismo
Tras el acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el Gremi de la Pagesia Catalana, que evitó las tractoradas en las carreteras, surgen las críticas en ámbitos como la simplificación administrativa, las ayudas a los profesionales y a los jóvenes, o el control de la fauna salvaje.

Barcelona-
Un acuerdo in extremis evitó vivir de nuevo la imagen de los tractores ocupando las carreteras catalanas, un año después de las grandes movilizaciones que paralizaron Catalunya con el impulso del nuevo movimiento reivindicativo de la Revolta Pagesa. En ese momento, la sequía y las malas cosechas agrícolas de la campaña del 2023 encendieron la protesta. Aunque la Generalitat prometió una batería de ayudas, en el inicio del año 2025 muchas de ellas no se habían materializado. Ahora, el pasado 9 de febrero, el Govern de la Generalitat y el Gremi de la Pagesia Catalana, continuador de la Revolta Pagesa, alcanzaron otro acuerdo, centrado en varios puntos: menos burocracia, rebaja de impuestos, ayudas para la sequía, mejora del pago de las ayudas, medidas contra los robos agrarios, control de la fauna salvaje y la supervisión del impacto de los acuerdos de Mercosur.
Pero pese a estos supuestos avances, los expertos y las organizaciones agrarias tradicionales desconfían de las medidas anunciadas y ponen el foco en la gestión de los condicionantes ambientales y de la reducción de la burocracia para rebajar la tensión y la crisis endémica del campo catalán. Son demandas que van más allá de la convocatoria y posterior cancelación de las protestas.
"Frenar la movilización ha sido un acierto y además la Administración ha hecho ciertas concesiones, pero ahora son necesarios acuerdos concretos para ver resultados". Es la visión del economista experto en agroalimentación y fundador del Observatori d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya (Obealimentària), Francesc Reguant. Aparte del alivio burocrático, el especialista insta a articular un nuevo sistema para distribuir de forma más ágil las ayudas directas al campesinado.
Reguant cree que “los agricultores viven una presión fuerte por las exigencias ambientales y administrativas frente a un nuevo escenario con riesgos reales. Por eso, necesitan instrumentos para adaptarse a los cambios”. El experto considera que "después de las protestas del año pasado, la Unión Europea se asustó y accedió a alargar el período de aplicación de algunas medidas ante las dificultades de cumplimiento por parte de los agricultores". Como ejemplo, indica que si se aprueba la utilización del cuaderno digital, el sistema debe funcionar y debe plantearse de forma eficiente para el campesino.
En relación con la protección de la naturaleza, Reguant plantea la necesidad de que "la Administración ofrezca tiempo y acompañamiento ante un contexto en el que el agricultor se encuentra indefenso si le vetan el uso de unos determinados productos para combatir las plagas".
Insatisfacción en los sindicatos
Desde Unió de Pagesos (UP), el sindicato principal del campesinado catalán, se considera que las medidas adoptadas por el Govern, en materia de simplificación administrativa en el ámbito agrario y forestal, son tan raquíticas en relación con la complicación y la burocratización a la que tiene sometido al sector agrario que no se pueden calificar de otra forma que de muy insuficientes. Así, UP acusa al actual Ejecutivo catalán de incumplir los acuerdos de la Mesa Agraria, que incluía el compromiso de la simplificación administrativa en el sector primario.
En relación con el anuncio de la creación de una nueva categoría de pequeñas explotaciones de carácter familiar para la simplificación burocrática, UP lo califica de “agua de borrajas, ya que está fuertemente condicionada por las obligaciones derivadas de la normativa europea y estatal”.
Por su parte, otro sindicato como Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) deja claro que no habría firmado el paquete de medidas planteadas por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. La organización califica los acuerdos de insuficientes y poco concretos. Para reafirmarlo, recuerda que "la mayor parte de los acuerdos se limitan a generar más reuniones para perder tiempo, presentan propuestas previamente acordadas en las mesas de trabajo, vistiéndolas como si fueran nuevas, se basan en iniciativas que se han demostrado ineficientes, plantean nuevas ayudas sin concretar presupuesto y no priorizan a los jóvenes y a los agricultores profesionales".
La gestión cinegética
Uno de los lemas de las protestas del campesinado del año pasado era: “O agricultores o conejos”. Ahora, desde las entidades ecologistas, como Ecologistas en Acción, critican que no se haga mención alguna a que la proliferación de conejos se ha producido después de años de caza intensa y salvaje contra sus principales depredadores, los zorros. Por otro lado, la entidad lamenta que el pacto entre el Govern y el Gremi de la Pagesia Catalana no haya abordado en profundidad las consecuencias del acuerdo entre la UE y el Mercosur, “limitándose a estudiar el impacto económico y a establecer una línea de trabajo con el ministerio y las entidades agrarias, en aquello que supone una amenaza a la soberanía alimentaria”.
Otras organizaciones ecologistas expresan su rechazo a la puesta en marcha de un plan para controlar el exceso de población de conejos, durante febrero y marzo, que contempla la aplicación del fosfuro de aluminio. Ante esta iniciativa, anuncian una serie de acciones sociales, legales y judiciales para evitar que se apliquen al medio natural plaguicidas como el fosfuro de aluminio, por sus graves consecuencias en la destrucción de la biodiversidad y la degradación del medio agrícola y rural.
Aunque algunas voces hablan de un acuerdo positivo y unas reivindicaciones justificadas, más allá de las protestas, existe el consenso de que la Administración debe acompañar a los agricultores para afrontar los cambios normativos que deben llegar. Entre los retos técnicos, el principal es la reducción del uso de la tierra agrícola, produciendo más con menor superficie, lo que se conoce como intensificación sostenible y que puede dar un paso adelante en el capítulo de la eficiencia con el aprovechamiento de los recursos hídricos gracias a las herramientas tecnológicas.
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