De 2004 a 2025: así se ha reflejado la lucha contra las violencias machistas en la legislación del Congreso
El último gran hito que se ha producido en la Cámara Baja es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Desde que Vox irrumpió en la política nacional, la unanimidad en lo referente a la violencia machista ha desaparecido.
Madrid--Actualizado a
En 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró que el Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad la ley contra la violencia de género. Todos los partidos del hemiciclo votaron a favor. Aquel fue el primero de una larga lista de hitos legislativos que se han ido alcanzando en la Cámara Baja y cuyo último exponente es muy reciente. El 26 de febrero de este año, el hemiciclo dio luz verde a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este caso, y esa es una de las grandes diferencias entre 2025 y 2004, ya no ha sido por unanimidad. Desde que aterrizó en la política estatal, Vox se opone a todo este tipo de iniciativas.
Lo cierto es que, por muchas leyes que se hayan alumbrado y por mucho —aunque ya no total— consenso que representen los Pactos de Estado, queda un ingente trabajo por hacer. En 2024 fue 46 el número de mujeres asesinadas por violencia de género. Es una cifra que ha disminuido de forma paulatina desde 2004, pero que se mantiene estable en la última década.
Por otro lado, el último Barómetro de Juventud y Género, con fecha en 2023, apunta que un 18% de los jóvenes (15-29 años) considera que la violencia de género no existe y el 16,5% cree que no es un problema si es de baja intensidad. Además, un 51% de los hombres jóvenes encuestados considera que los hombres están desprotegidos ante supuestas denuncias falsas.
Son cifras que hablan de la necesidad de mantener firme la legislación en esta materia. En conversación con Público, Irene Montero, ministra de Igualdad entre enero de 2020 y noviembre de 2023, reconoce que España "ha avanzado en los últimos años", pero con la misma convicción afirma que "no podemos ser autocomplacientes". "Mientras haya una mujer asesinada, no podemos estar satisfechas", zanja.
Por lo tanto, mucho por hacer. Montero habla de la necesidad de que se aplique hasta la última letra de las leyes feministas, de que se acabe con la "justicia patriarcal", de incrementar la protección de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género o de las madres protectoras y, también, de "mejorar la capacidad de detección precoz de las violencias machistas".
Por su parte, Andrea Fernández, diputada del PSOE y secretaria de Igualdad del partido entre octubre de 2021 y enero de 2024, ve en la renovación del Pacto de Estado que acaba de aprobarse un "bloque enorme de medidas muy valiosas e importantes". Además de los avances en violencia vicaria y digital, ensalza el hecho de que sirva para incrementar "la protección de las víctimas en los procesos judiciales".
Para ella, eso sí, el hito futuro más importante es "la abolición de la prostitución", algo que, como se ha podido comprobar en la propia negociación del Pacto, no suscita acuerdo ni entre los grupos ni, en general, en el feminismo.
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2004, una ley pionera
La ley contra la violencia de género que promovió el primer Gobierno de Zapatero fue un punto de inflexión porque sacó la violencia contra las mujeres del ámbito privado. Se trata de una ley integral que incidió en la prevención, la protección y la recuperación de las víctimas y que creó juzgados especializados en la violencia contra la mujer. Tras la aprobación de la ley, España llegó a ser considerado el país más concienciado en términos de violencia machista por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Un 83% de mujeres declaraban haber visto campañas de concienciación, mientras que en la UE la media se encontraba en el 50%.
El número de denuncias se multiplicó de forma exponencial gracias a esas campañas de sensibilización y a que la Administración puso al alcance de las víctimas multitud de herramientas y mecanismos para ello. Sin ir más lejos, el 016, número de atención a las víctimas de violencia machista, se inauguró en 2007 tal y como contemplaba la norma.
2017, Pacto de Estado contra la Violencia de Género
En 2017, llegó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Fue un texto que suscribieron todos los partidos de la Cámara excepto Unidas Podemos y EH Bildu, que decidieron abstenerse por considerarlo insuficiente. De todas formas, como cualquier otro Pacto de Estado, se trata de un texto global que establece una estrategia común estatal, autonómica y local para avanzar hacia la erradicación de la violencia machista.
El Pacto contemplaba 292 medidas estructuradas en diez ejes de acción distintos y se comprometieron mil millones de euros para invertir en ello en los cinco años posteriores al acuerdo.
En el texto se incidía mucho en perfeccionar e incrementar los mecanismos de sensibilización y prevención, pero también en fortalecer la respuesta institucional a los actos de violencia machista. También se quisieron sentar las bases de una formación integral de todos los agentes sociales e institucionales implicados en la gestión de los casos de violencia machista, algo que nunca ha terminado de implantarse del todo y que se ha ido reforzando en la legislación posterior.
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También se impulsó un control estadístico más estricto de los casos de violencia contra la mujer y se creó la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que sigue activa en la actualidad.
Sobre los Pactos de Estado, Montero desliza que son "una herramienta feminista importante", pero que para que sean útiles tienen que "traducirse en leyes, presupuesto, estrategias y una arquitectura" acorde que tienen que tejer las distintas instituciones en los ámbitos "político, policial, social y mediático".
2021, primera renovación del Pacto
Cuatro años más tarde, en 2021, se hizo una primera renovación del Pacto, aunque de forma mucho menos a fondo que la que se ha llevado a cabo este año. Fue, más bien, una actualización. Se incorporaron en el acuerdo distintas medidas. Para empezar, los grupos acordaron autoimponerse un límite de cinco años para ir renovando la estrategia contra la violencia machista y se convirtió el Pacto en permanente.
Además, se incluyó en el texto la importancia de reforzar la independencia económica de las mujeres que sufren violencia machista, diseñar un tratamiento específico para las víctimas que se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad, aumentar la importancia de las ONG en la lucha contra la violencia de género o situar a los municipios en el primer plano de la respuesta. Solo Vox se desligó del acuerdo.
2022, ley de 'solo sí es sí'
En 2022, Irene Montero impulsó, desde el Ministerio de Igualdad, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como ley de solo sí es sí. Sin duda alguna, se trató de todo un cambio de paradigma porque puso el consentimiento en el centro. Tal y como se explicó en Público, el quid de la cuestión era que la pena no se fundamentara en la fuerza o la intimidación sobre la víctima, sino si existía consentimiento expreso para mantener algún tipo de relación sexual.
En aquel punto, por lo tanto, desapareció la figura jurídica del abuso sexual y se unió todo bajo el paraguas de la agresión sexual, lo cual obligó a rediseñar las condenas. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que la norma incluyó toda una serie de medidas sobre violencia sexual, reparación de las víctimas o ayudas económicas y psicológicas para ellas que, al cabo de los años, han pasado desapercibidas por la polémica relacionada con la rebaja de las penas que envolvió a la ley.
Es cierto que cientos de penas han sido rebajadas, algo que Montero siempre achacó a una lectura interesada y "patriarcal" por parte de algunos jueces. Finalmente, en abril de 2023 el PSOE impulsó una reforma del texto legislativo que mantuvo un único delito de agresión sexual, pero introduciendo un subtipo que diferencia la agresión con intimidación y violencia, o sin ellas. Irene Montero lamentó la modificación y la calificó de un "grave retroceso" en los derechos de las mujeres.
2025, otra renovación del Pacto de Estado
Recientemente, en el Congreso ha tenido lugar el último de los grandes hitos de este siglo en referencia a la violencia machista. Todos los grupos parlamentarios excepto Vox han apoyado una nueva renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tras meses de negociación silenciosa. Se trata, en cualquier caso, de un acuerdo que las distintas fuerzas políticas consideran una buena noticia, pero que algunas de ellas critican por quedarse corto o conservar un enfoque punitivista, como explicó la diputada de EH Bildu Bel Pozueta a Público.
El Pacto incide en materias importantes que no estaban —o no con el suficiente peso— en el texto original. Ejemplos de ello son la violencia de género en el espacio digital, la violencia vicaria o la propia violencia económica, que en este documento —con un total de 462 medidas y un presupuesto de 1.500 imllones de euros— se reconoce como una forma de violencia machista.
Más allá de las leyes y pactos referenciados, en estos últimos 20 años —desde que se aprobara la ley de violencia de género de Zapatero—, se han producido otros movimientos legislativos importantes en el campo de la Igualdad. Entre ellos, la propia ley de Igualdad (2007); la ley de infancia (2021), que incide en la violencia vicaria; la ley trans (2023) o la ley de paridad (2024).
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