Primarias del PPUn juzgado investigará si hubo financiación ilegal y coacciones en las primarias del PP en Castilla y León

El Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia anónima que solicita que se investigue si en las primarias del PP en Castilla y León, y que se saldaron con la victoria de Alfonso Fernández Mañueco, se produjo un delito de coacciones, financiación ilegal y falsedad documental.

El juzgado ha emitido este auto esta misma mañana después de que este martes se presentase en el Decanato de los Juzgados de Salamanca una denuncia anónima en la que se acusa a Fernández Mañueco, que fue alcalde de Salamanca y presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, de haber cometido un delito de financiación ilegal para ganar las primarias del PP en Castilla y León, según ha adelantado Diario 16. La decisión judicial coincide este miércoles con la primera reunión entre el PP y Ciudadanos para intentar formar un gobierno en Castilla y León.

El 18 de marzo de 2017, el PP de Castilla y León celebró unas primarias para decidir quién sería el sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido, un proceso al que llegaron Fernández Mañueco y el alcalde de León, Antonio Silván. El salmantino ganó esas primarias con un margen superior al 67% de apoyo y con una amplio apoyo de los militantes del PP en Salamanca.

Según la denuncia anónima, Fernández Mañueco reunió a concejales y diputados provinciales para pedirles su apoyo y un esfuerzo económico

Según la denuncia anónima, que ofrece un nombre y unos datos inventados para evitar represalias "terribles", Fernández Mañueco reunió a concejales y diputados provinciales para pedirles su apoyo en las primarias y un esfuerzo económico que, según el escrito, sería de 500 euros en caso de cargos electos y 300 para los asesores. Este dinero se habría destinado a pagar las cuotas de afiliados que no estaban al corriente de los pagos para votar así a Fernández Mañueco en las primarias y convertirse en presidente del partido en Castilla y León, que era el paso previo y lógico para posteriormente ser candidato a la Junta, como ocurrió.

La denuncia llega a afirmar que la mayoría de esos militantes no sabían que debían estar al corriente del pago de las cuotas para poder votar y que incluso se hicieron ingresos al partido en nombre de esos militantes sin que los interesados lo supieran.

Tras recibir esta denuncia, el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca ha emitido un auto este jueves, justo el día en el que populares y miembros de Ciudadanos se han reunido por primera vez para negociar la posibilidad de un gobierno en la comunidad, después de que el pasado 26 de mayo el PSOE ganara las elecciones por en la comunidad tras 32 años de gobierno del PP.

En el auto, el Juzgado acuerda incoar diligencias previas sobre este asunto y decreta el secreto total de las actuaciones, con acceso exclusivo al Ministerio Fiscal.

En el escrito, contra el que cabe un recurso de reforma y subsidiario de apelación, el juez se apoya en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, así como en informes del la Fiscalía General del Estado, para aceptar a trámite una denuncia anónima, "que es legal", si bien "los juzgados han de actuar con la máxima prudencia en la investigación de la información que se aporta confidencialmente.

Por su parte, el PP de Salamanca ha emitido un comunicado antes de conocerse el auto del Juzgado en el que asegura que todo se trata de una "perversa operación política que claramente busca embarrar y desestabilizar las negociaciones que el Partido Popular va a llevar a cabo para la formación de gobierno en la Comunidad".

"Esta operación solo tiene un nombre: un complot contra el Partido Popular en un momento decisivo", dice el comunicado. Añade que todas las actuaciones realizadas por el Partido Popular de Salamanca, así como por sus cargos públicos y militantes, han respetado escrupulosamente la legalidad en sus procesos de primarias.

Además, recuerda que en las votaciones hubo urnas, interventores por parte de todas las candidaturas que se presentaron al proceso y los afiliados votaron libremente al candidato que quisieron. El PP de Salamanca se pone a disposición de la autoridad judicial para realizar todas las aclaraciones que ésta última estime pertinentes, en el caso de que así se considere.