El Supremo condena al médico 'Spiriman' por injuriar a Susana Díaz

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de una multa de 6.480 euros a al médico conocido en las redes sociales como 'Spiriman', por dos delitos continuados de injurias a la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, y al exviceconsejero de Salud Martín Blanco en vídeos subidos a Youtube, Facebook y Twitter.

Además de la multa de 6.480 euros, el juzgado le ha impuesto una indemnización de 5.000 euros a la expresidenta y al exviceconsejero y ha ordenado la retirada de todos los vídeos de las redes sociales.

El tribunal ha afirmado que no tiene razón la defensa al aducir que no se ha acreditado el "animus injuriandi" (intención de causar un ataque a la dignidad ajena), alegando que las expresiones sobre las que se basa la condena han sido descontextualizadas, así como que el condenado es un activista político que ha sido muy crítico con la gestión sanitaria de ambos.

La Sala considera que esas expresiones "por más que la defensa pretenda degradar su valor enfatizando su dimensión reivindicativa, no tienen amparo en el ejercicio legítimo a la libertad de expresión".

"En efecto, algunos de los vocablos vertidos por el acusado ("hija de puta", "sinvergüenza", "cabrona", "lameculos"), puestos en conexión con otras expresiones hechas valer en los mismos vídeos que eran utilizados como vehículo para la difusión en redes de los mensajes críticos con la labor de gobierno de los denunciantes, impiden relativizar su alcance a lo que podrían considerarse expresiones coloquiales o propias de una forma singular de hablar", dicta la sentencia.

Añade que si estas palabras "se conjugan con otras frecuentemente empleadas en los discursos del acusado ("…vas a echar sangre por el culo cabrona…, venid si tenéis cojones a por mí, hija de puta Susana..., me dan ganas de verdad de cagarme en vuestra cara, de escupiros, al Martín puto White..." o "ladrona"), es imposible cuestionar que el propósito que animaba la difusión de esos mensajes no era otro que erosionar la honorabilidad de los denunciantes".

Por ello, concluye que "ninguno de esos epítetos, en el contexto en el que fueron pronunciados puede considerarse amparados por el texto constitucional".