Vox busca capitalizar el descontento social en la calle pero vota contra mejoras para trabajadores y pensionistas en el Congreso

El alza de los precios del gas, la luz y la gasolina y, por ende de la cesta de la compra, ha puesto en pie de guerra a los sectores del campo, la ganadería o el transporte. En medio de las protestas de los últimos días (también se sumarán los autónomos, sindicatos y organizaciones sociales) por las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, la extrema derecha trata de capitalizar el descontento en las calles para utilizarlo como arma arrojadiza y vestirse de "partido del pueblo".

Esta lectura es la que se ha hecho especialmente en la última semana desde el amplio abanico de la izquierda en el Congreso, que ha reclamado al Gobierno y, sobre todo, al PSOE, medidas valientes de marcado carácter progresista que ayuden a paliar los efectos de la crisis energética y de materias primas.

De cara al plan de choque que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo 29 de marzo, estas fuerzas parlamentarias han reclamado urgencia en las medidas, ya que la población "no puede esperar más", una preocupación mostrada por los diferentes portavoces de los grupos.

Asimismo, las izquierdas parlamentarias han reflejado tanto en público como en privado su temor a que las protestas catapulten a Vox, ya que a pesar de su negativa a sentarse con el Gobierno para buscar soluciones a la crisis económica, como sí han hecho el resto de partidos, la formación de Santiago Abascal ha centrado todos sus esfuerzos en salir en las fotos de las manifestaciones en las diferentes ciudades.

Lo cierto es que detrás de esa defensa de los trabajadores que se manifiestan contra el alza de los precios existe una realidad: la extrema derecha no ha apoyado durante estos dos primeros años de legislatura al menos diez iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales, salariales y cotizaciones de los empleados.

Buen ejemplo de ello fue la ley de la cadena alimentaria, una iniciativa que recoge la prohibición de la venta a pérdidas. La norma aprobada a finales de 2021, que viene a dar respuesta a una de las reivindicaciones del sector de la ganadería y la agricultura, contó con el rechazo de Vox y del PP, partidos que el pasado domingo secundaron las diferentes movilizaciones que exigían, entre otras cosas, el cumplimiento de la ley.

La extrema derecha también votó en contra de la reforma laboral, una de las iniciativas estrella del Gobierno centrada en atajar de forma notable la temporalidad e impulsar la negociación colectiva. En esta línea, desde su puesta en marcha en diciembre, la norma ha tenido efectos en la bajada del paro y el repunte de contratos indefinidos.

En marzo de 2020, coincidiendo con la irrupción de la pandemia, Vox se quedó solo en la Cámara Baja en su rechazo a la derogación de los despidos por baja médica, toda vez que ha votado en contra o se ha abstenido en votaciones sobre medidas destinadas a proteger a los trabajadores de los efectos de la crisis provocada por la covid, como los ERTE, la prestación por desempleo, las ayudas extraordinarias a los autónomos y el Ingreso Mínimo Vital.

Cuando el Gobierno sacó adelante la ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como ley rider, tampoco contó con el respaldo del partido de Abascal. De hecho, en julio de 2021 recurrió ante el Tribunal Constitucional esta norma que obliga a estas empresas a contratar a los trabajadores.

La extrema derecha también votó en contra de la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Este primer paquete de medidas, acordado con los agentes sociales, vuelve a revalorizar las pensiones conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC), un reclamo histórico del colectivo.

Asimismo, también en el Congreso, Vox se ha manifestado en contra de las progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (actualmente fijado en 1000€ tras la última ampliación en febrero de este año) porque entiende que no debe ser "a costa de los que crean empleo", sino que debe hacerse "reduciendo la aportación a la Seguridad Social". Es decir, subir los sueldos a costa de reducir las cotizaciones sociales y los impuestos, lo que mermaría el Estado de bienestar.