Y ahora, la 'ley mordaza' militar

MADRID.- Tras 30 años esperando un cambio legislativo que equiparara sus derechos y deberes a los demás ciudadanos, los militares deberán seguir esperando, puede que 30 años más. Este jueves entra en vigor la Ley Orgánica 8/2014, que regula el nuevo Régimen Disciplinario Militar, acordada entre PP y PSOE pese a las duras críticas al texto del resto de la oposición. Un texto ya conocido entre soldados y guardias civiles como su particular ley mordaza.

Hasta ahora, el régimen disciplinario que regula el comportamiento de los miembros de ambos cuerpos se regía por una ley redactada en 1985. Dicha norma, en su artículo primero, llamaba a "garantizar la observancia de las Reales Ordenanzas" de la Institución Militar. "Y no podemos olvidar", explica Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), "que aquellas Reales Ordenanzas se promulgaron antes de la aparición de la Constitución Española".

Tal y como denuncia el presidente de la AUME –la principal agrupación militar española– compartiendo la opinión de la gran mayoría de asociaciones de soldados y guardias civiles, el nuevo régimen disciplinario no solo no moderniza su posición jurídica, sino que recorta aún más su libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación. 

"Es una severísima restricción de derechos fundamentales", denuncia en este caso Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). "Tiene una incidencia desproporcionada en la vida personal y persigue volver a situar a los militares en estadios de ciudadanía que no se corresponden con la sociedad moderna", asevera. 

"¿Qué tipo de disciplina se garantiza con esta ley si se otorga la misma gradación a una falta de un mando por ir ebrio que por hacer proselitismo del golpe de Estado?", cuestionó la diputada de UPyD Irene Lozano durante el debate de la norma en el Congreso. "La disciplina es un medio, no es un fin. El mantenimiento del arresto es inasumible. La ley descansa sobre una justicia sin garantías", coincidía el parlamentario de IU Álvaro Sanz. 

El arresto, golpe directo a los derechos humanos

Además de los recortes en derechos fundamentales que denuncian tanto soldados y guardias civiles como representantes de todos los partidos políticos excepto PP y PSOE, la ley alberga otro aspecto que permite la violación directa de los derechos humanos: el arresto. 

El arresto, una privación de libertad administrativa "sin que exista intervención de una autoridad judicial", obliga a España a enmendar el Convenio Europeo de DDHH

Aunque reduce su duración máxima, el nuevo Régimen Disciplinario sigue contemplando el arresto para todo tipo de faltas, una privación de libertad por vía administrativa y "sin que exista intervención de una autoridad judicial independiente", expone en este medio Mariano Casado, presidente de la sección de Derecho Militar del Colegio de Abogados de Madrid. 

La capacidad de los mandos militares para arrestar a sus subalternos supone una reminiscencia de la época franquista y obligó a España a elevar una reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos en 2007. El Gobierno, que ha tenido que repetir esta maniobra dado el cambio legislativo, deja a los militares fuera de la cobertura básica de los artículos 5 y 6, que regulan el "derecho a la libertad" y el "derecho a un proceso equitativo". 

¿Ciudadanos de segunda?

La principal reclamación de las asociaciones de militares y guardias civiles —la única figura asociativa disponible para ellos, puesto que tienen prohibido sindicarse— es que se considere su labor como plenamente profesional y se abandonen tradiciones propias de otras épocas.  

"Que el militar pueda perder la vida en combate no significa que haya una disposición permanente de su vida durante el desarrollo de su actuación profesional y fuera de la misma"

Argumentan que resulta "arcaico" que el Régimen Disciplinario incida en su vida privada o exija su neutralidad política. Entre otras regulaciones, la norma permite suspender sus manifestaciones si las convocan haciendo uso de su condición militar. Los agentes del Instituto Armado, en su caso, se preguntan a qué se debe este recorte, recalcando que sus concentraciones nunca han provocado disturbios y ni siquiera han obligado a las delegaciones de gobierno a tomar medidas de seguridad especiales.

"El militar es un ciudadano —afirma Jorge Bravo, de la AUME— al que se le restringen derechos constitucionales; que pueda llegar a perder la vida en combate no significa que haya una disposición permanente de su vida durante el desarrollo de su actuación profesional y fuera de la misma. Hay que soltar el lastre de las tradiciones que limitan derechos fundamentales".