De derretirse en una ola de calor a tiritar en una de frío. Así van pasando el año miles de personas dentro de sus casas en los barrios obreros de Sevilla, y de otras localidades andaluzas, afectadas por frecuentes cortes de luz. Ahora, Gobierno y Junta de Andalucía han acabado chocando al determinar las causas de tanto apagón: el ejecutivo autonómico los achaca casi en exclusiva a una proliferación en esos barrios de cultivos de marihuana en interior, con un gran consumo eléctrico, mientras que el central niega que existan evidencias de tal relación y acusa a la Administración andaluza de no hacer las inspecciones que le competen para comprobar el estado de la red.

No es la primera vez que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, señala los cultivos de marihuana como únicos culpables de los continuos cortes de luz que sufre un buen número de barrios de la zona sur y sureste de la capital autonómica, como Padre Pío-Palmete, Amate, Su Eminencia o Polígono Sur. En agosto, cuando la ola de calor apretaba de lo lindo y los vecinos hartos de tanto apagón decidieron encerrarse en varios centros municipales para protestar, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, achacó todos los problemas del suministro eléctrico a la actividad de "los narcopisos" que proliferan en esas zonas, disparan el consumo y provocan incendios en los transformadores.

Aquellas declaraciones del segundo en el escalafón del gobierno de Juanma Moreno Bonilla sentaron muy mal entre el vecindario de los barrios que se quedaba sin frigorífico y aire acondicionado cuando el termómetro superaba los 40 grados día tras día. "Los trabajadores de estos barrios somos los que levantamos esta ciudad para que funcionen las zonas turísticas de Sevilla. Sin nosotros, no hay nada. Y nos han acusado de ser barrios de delincuentes cuando nosotros pagamos nuestros recibos. No somos barrios marginales. Somos gente trabajadora", dijo entonces a este periódico una vecina indignada.

Los cortes de luz de verano terminaron, pero empezaron los de invierno, con temperaturas que algunas noches se han acercado a los cero grados, y los vecinos de esos mismos barrios han tenido que volver a movilizarse para protestar por los apagones que ahora les dejan sin estufa, sin brasero, sin cocina, sin aparato de respiración a las personas con insuficiencias o sin conexión de teleasistencia a las personas mayores que viven solas.

Tras esta nueva oleada de apagones, ha sido el consejero andaluz de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, el que ha vuelto a situar casi en exclusiva la causa de los cortes del suministro en los cultivos ilegales de cannabis. En la línea de la tesis que defiende la empresa suministradora, la multinacional Endesa, el consejero ha dicho que en esos barrios se produce un "problema más acusado debido a los enganches ilegales que hacen que salten los fusibles y los sistemas en las subestaciones", cuyo problema de fondo son las plantaciones de marihuana en interior. Según sus datos, el 85% de los cortes en la capital andaluza se localizan en el 15% de sus subestaciones, "en zonas muy concretas".

Falta de evidencias policiales

Las declaraciones de Paradela han sentado muy mal en la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla, que emitió un duro comunicado para desmentirle y asegurar, como responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta provincia, que no existe ninguna evidencia policial que relacione los apagones con los cultivos de marihuana, mientras que lo que hay, a su juicio, es un "problema de inversiones" en la red eléctrica y su mantenimiento.

La Subdelegación del Gobierno asegura que ya el pasado mes de octubre le envió una carta al consejero de Política Industrial en la que le remarcaba que "no existe ni un solo dato policial ni de la Fiscalía Provincial" que corrobore que los continuos problemas de suministro eléctrico en estos barrios de Sevilla se deban a fraudes relacionados fundamentalmente con cultivos ilegales en interior.

Pero, además, la representación del Gobierno central acusa a la Junta de no haber hecho, en el marco de sus competencias, ni una sola inspección para vigilar el estado de la red eléctrica en Sevilla. Como prueba de que ha sido así, señala que la Administración autonómica no le ha pedido ni una sola vez en los últimos cuatro años el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo su labor inspectora en los lugares donde se registran enganches ilegales del suministro eléctrico.

"Da la impresión que si estuviéramos hablando de otros barrios de la ciudad, esta realidad no sería la misma y seguramente sí estarían haciendo las inspecciones", afirma la Subdelegación del Gobierno.

Un portavoz de la Subdelegación ha manifestado a Público que la mejor prueba de que no existe tal relación entre frecuentes cortes de luz y cultivos ilegales es que los apagones se han reducido mucho en los últimos meses desde que Endesa ha ido poniendo nuevos centros transformadores en los barrios afectados.

La Junta no aclara qué inspecciones hace

Para defender la, a su entender, clara relación entre apagones y cultivos ilegales, la Junta echa mano de la Memoria de 2021 de la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que se advierte del aumento de la actividad de grupos dedicados al cultivo de marihuana en interior destinada a la exportación, que suponen un aumento de la criminalidad y "defraudaciones de fluido eléctrico, con las consecuencias de cortes de suministro para barrios enteros, como sucede también en zonas de Sevilla".

Fuentes de la Consejería de Política Industrial y Energía han asegurado a este periódico que la Junta de Andalucía cumple con sus competencias en este ámbito, que básicamente son dos, dicen: supervisar los planes de inversión de las empresas distribuidoras y velar por la calidad del suministro eléctrico. Sin embargo, no han aclarado si han llevado a cabo alguna inspección para supervisar el estado de la red de suministro eléctrico en Sevilla y desmentir así las acusaciones de la Subdelegación del Gobierno, que asegura que no han hecho ninguna o, al menos, no le han pedido la colaboración de las fuerzas de seguridad para realizarla.

La Junta alega, por otro lado, que ha pedido al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, constituir una mesa de trabajo como la que ya existe en Granada y Almería para "trabajar juntos" con la coordinación de todas las administraciones un problema "complejo" de "seguridad y salud pública". Sin embargo, según la representación del ejecutivo central, ya existe desde abril de 2019 una Mesa Técnica Provincial contra el cultivo ilegal de drogas, en la que se analizan estos problemas con la participación de representantes del departamento de la Junta que tiene las competencias de industria y energía, las empresas suministradoras de luz y agua, la fiscalía y las administraciones local, provincial y estatal.

"La gente está muy desesperada"

Mientras las administraciones dirimen sus diferencias sobre este grave problema, los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz han continuado movilizándose para exigir una solución definitiva, la última vez este pasado fin de semana, cuando se encerraron en un centro cívico del Ayuntamiento de Sevilla. "La gente está muy desesperada viendo que estamos totalmente desamparados", se lamenta Teodoro Elena Prieto, portavoz de la plataforma vecinal Barrios Hartos.

Según Prieto, los vecinos ya no esperan nada de la Junta de Andalucía después de haberles tachado de "delincuentes" al achacar los apagones únicamente a los cultivos ilegales de marihuana, pero siguen confiando en que el ayuntamiento haga algo para remediar su situación. "Lo cierto es que cuando protestamos se corta menos la luz. Eso es que cargarán más las líneas", dice el portavoz vecinal.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, visitó a finales de enero algunos de los barrios por los cortes de luz, donde exigió una "actuación coordinada de todas las administraciones implicadas" y la empresa suministradora para resolver definitivamente este problema. Maeztu advirtió, además, de las consecuencias que tienen estos apagones reiterativos en personas mayores, electrodependientes y menores de edad, cuyos derechos deben ser protegidos de manera especial, subrayó. La Plataforma Barrios Hartos ha asegurado que al menos tres personas electrodependientes por sus problemas de salud han fallecido desde el pasado verano a causa, supuestamente, de las interrupciones prolongadas del suministro.

En junio del año pasado, el ayuntamiento firmó un acuerdo para conceder a Endesa una docena de espacios de titularidad municipal en las zonas de la ciudad con más cortes de luz, en los que debían ser ubicados nuevos centros transformadores. La compañía ha informado a este periódico que, tras un gran esfuerzo debido a la premura que requerían estas actuaciones, ha instalado ya ocho de los transformadores en zonas urbanas de viviendas, y este mes pondrá el noveno, para luego seguir con los tres que le restan en una zona de polígono industrial.

La multinacional asegura que los cortes no se deben a una deficiencia del suministro, porque en los últimos tres años ha invertido un total de 43,5 millones de euros en desarrollar y mejorar la infraestructura eléctrica de la ciudad de Sevilla, que cuenta ahora con 3.000 centros de transformación, 29 subestaciones, 1.700 kilómetros de líneas de media y más de 11.500 kilómetros de baja tensión. Según sus cuentas, uno de los barrios más afectados por los cortes, el de La Plata, se va a cuadruplicar la potenciar cuando se ponga en marcha el nuevo centro transformador. "No nos pueden acusar de redes obsoletas, porque las hemos renovado completamente", dice una portavoz, que alude a los numerosos casos de fraude que se dan por enganches ilegales relacionados con los cultivos de marihuana.

El problema de los apagones en los barrios obreros de Sevilla ya ha llegado al Parlamento Europeo, a cuya Comisión de Peticiones lo han trasladado las formaciones de IU y Podemos, que sostienen que se trata de un "problema estructural" asociado a las zonas más empobrecidas de la capital andaluza.