Pretenden construir una "residencia para guardas" de 800 m² en un parque protegido de Cádiz

Construir una mansión de casi 800 m² para los guardas de una finca situada en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz), una zona protegida y de alto valor ecológico. Detrás de este misterioso proyecto –de carácter "especulativo", según Ecologistas en Acción– está la promotora Breña del Agua S.L., una empresa en manos del magnate belga Marnix Galle, propietario de otras fincas en la zona.

La polémica construcción, situada en la finca Llanos del Espino, estaría compuesta por un cortijo de 798 m² y por una nave de 480 m² destinada a la explotación ganadera. En otras palabras, 1.278 m² de construcción en un espacio que se incluye dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. El Plan de Actuación del proyecto, al que ha tenido acceso Público, justifica esta edificación en la necesidad de "centralizar" la gestión de tres de las fincas que posee el magnate belga en la zona. Además, de esa supuesta mejora en la organización de las fincas, los metros residenciales que se levantarían estarían destinados a servir de vivienda "de uso permanente del personal de la finca".

Sin embargo, Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Junta Rectora del Parque Natural que la construcción no está "justificada", en tanto que en el entorno el promotor tendría viviendas construidas en las fincas colindantes por lo que no habría necesidad de levantar más paredes. "No es creíble que un complejo residencial con de 798 m² sea para los guardas de la finca", explican desde la organización ecologista.

Juan Clavero, miembro de la ONG, ve en este proyecto una gran amenaza especulativa y, acogiéndose al propio proyecto de obra presentado, defiende que el verdadero interés es levantar un cortijo destinado al sector del turismo cinegético de "alto standing". En ese sentido, el plan constructor compartimenta ese complejo residencial en varias zonas: una vivienda de 244 m² en la que viviría el encargado de la finca; otra estancia de 302 m² para los guardas y, por último, un "pabellón cinegético" de 244 m² cuya justificación podría revelar el verdadero interés de esta edificación.

Pese a que la construcción residencial estaría destinada a servir de vivienda para los trabajadores de las fincas, la propia memoria justificativa del proyecto habla de que ese pabellón cinegético de 244 m² vendría a garantizar que los cazadores "puedan disfrutar del lugar" donde van a practicar las actividades cinegéticas. "Se dispondrá del servicio necesario para que los cazadores tengan una asistencia personalizada", explica el texto, que para Ecologistas en Acción es fiel reflejo del destino turístico de esta construcción. Tanto es así, que el Plan de Actuación reconoce que el edificio estaría habilitado para albergar hasta 60 personas durante ciertos periodos del año, lo que podría hacer referencia a las temporadas altas de caza.

Lo cierto es que la finca Llanos del Espino, así como las de Valdihuelo y El Moro –también de la promotora del magnate belga–, se integra en un coto de caza en el que hay especies cinegéticas como el corzo o el ciervo, así como aves protegidas como el alimoche, el águila real o el halcón peregrino, entre otras.

Clavero, que no es la primera vez que se enfrenta a los intereses del magnate belga, denuncia además que el proyecto no se ha sometido a ningún procedimiento de prevención ambiental riguroso. La Ley 7/200 de 9 de julio estipula que los complejos deportivos –es el caso de la caza– y hoteleros deben someterse al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, algo que no ha ocurrido, según apunta el ambientalista andaluz.

A ello debemos sumar que la finca donde se planifica la construcción del cortijo se incluye dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC) y de una Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA), lo que la incluye dentro del plan Red Natura 2000, un programa ecológico europeo inscrito dentro de la Directiva Europea de Hábitats que requiere, según su artículo 6.3, de una evaluación adecuada sobre el impacto ambiental que pueda tener el proyecto en cuestión.

La Junta Rectora del Parque Natural se reunió este lunes para abordar la situación del proyecto, cuya licencia no ha sido concedida todavía. Carlos García, alcalde de Grazalema, explica a Público que la organización del territorial del pueblo, cuyo núcleo urbano significa tan sólo el 0,2% del territorio, hace que, prácticamente, cualquier construcción tenga que pasar por trámites legales similares, ya que la mayoría de las propiedades se sitúan en zonas protegidas. En el caso de esta obra, el dirigente apunta que en este momento son los técnicos los que deben evaluar el impacto que pueda tener el proyecto presentado en el plan de actuación, por lo que no queda garantizado que la licencia se conceda.