Caso VillarejoUn auto de 'Kitchen' desvela que el móvil de García Castaño no ha sido analizado dos años después de serle incautado

Tras el lamentable espectáculo del careo entre el exministro de Interior Fernández Díaz y su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que dispone nuevas diligencias de investigación a petición de Anticorrupción, para esclarecer de una vez por todas si Fernández Díaz envío en 2013 unos mensajes de texto a Martínez que revelarían un conocimiento y participación del exministro en el tejemaneje conocido como Operación Kitchen. O si, por el contrario, resultan ser una invención o manipulación, por Martínez en solitario o en connivencia con su exjefe, para generar contradicciones y provocar el archivo. Como en el caso del Pendrive.

El cara a cara se hizo necesario tras oír a los dos en declaración desmintiéndose el uno al otro y ser imposible una verificación simple, sencilla y eficaz cotejando los terminales desde los que se enviaron los dichosos mensajes (supuestamente por Fernández Díaz) y recibieron (por Martínez). ¿Por qué fue imposible ese cotejo? Porque el juzgado no disponía de los dispositivos: ni tenía el de Fernández Díaz, que declaró que ya no usaba el mismo terminal que en 2013 aunque sí la tarjeta SIM, ni tampoco el de Martínez.

Esto, si atendemos al escrito del fiscal de septiembre de 2020, que dice en su apartado VI que el elemento de prueba es un pendrive incautado en el registro al domicilio de Martínez, que contenía un volcado de su móvil efectuado por él. Las últimas personas que vieron el terminal del exsecretario de Estado fueron los notarios a quienes llevó en julio y octubre de 2019 los mensajes supuestamente recibidos de su entonces jefe para dejar registro de ellos. Ambos notarios escriben en sus actas que Martínez les enseña mensajes dentro de un terminal, si bien solo uno de ellos lo identifica por la marca y ninguno escribe el IMEI, pero ambos coinciden en identificarlo por el mismo número de línea de teléfono.

Para tratar de aclarar el asunto, los fiscales solicitaron (y el juez así lo ha ordenado) oír en declaración como testigos a los dos notarios (uno de ellos acompañado de letrado) y, también se hizo comparecer, una vez más, al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño (alias El Gordo), y al exDirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, por si algún mensaje enviado por Fernández Díaz a Martínez fuera en realidad un reenvío de un mensaje previamente recibido por el exministro procedente de Pino o García Castaño. Concretamente, el mensaje que usa una grafía desenfadada ("k" por "qu") que Fernández Díaz asegura que no es propia de él y que sí es, en cambio, la forma de escribir mensajes de "un operativo" (cargo policial).

Pero el auto del juez ordena algo más; algo tan sorprendente que se convierte en la nota a destacar de este auto, porque atañe a la macrocausa entera de Tándem: pide ahora el volcado de los móviles de Enrique García Castaño y del expolicía Antonio Bonilla, terminales que les fueron incautados hace ahora dos años y cuatro meses (el 11 de julio de 2018) y cuyos contenidos no solo no ha sido investigados hasta hoy, sino que ni siquiera han sido extraídos de dichos terminales, a tenor del auto. Una demora inexplicable por parte de los sucesivos magistrados del caso, habida cuenta del protagonismo de ambos personajes en la macrocausa como colaboradores fijos del comisario encarcelado José Manuel Villarejo. 

El volcado es un paso obligado tras la incautación de un dispositivo

El enorme retraso en el volcado de los móviles de Bonilla y García Castaño es de todo punto inexplicable si se tiene en cuenta, por un lado, que se trata de dos de los personajes más activos en las aventuras de Villarejo y que ambos están investigados en varias piezas de Tándem, y ya en dos (Land y Iron), a las puertas de juicio oral.

Por otro lado, sin nada que lo justifique, se ha puesto en riesgo la conservación del contenido de dichos teléfonos. Según el propio auto —que dedica buena parte de sus trece folios a explicar lo inexplicable—, el clonado o volcado es un paso obligado tras la incautación de un dispositivo electrónico para el "aseguramiento" de su contenido y eliminar así el riesgo de que se pierda por deterioro sobrevenido del dispositivo o por extravío del mismo. Cita un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "En el caso de los dispositivos de carácter electrónico, una vez ocupados [incautados] los efectos o instrumentos del delito, deberá procederse a su aseguramiento lo que se consigue a través del clonado o volcado de datos [...]".

Su teléfono constituye, además, una de las escasas fuentes de prueba potenciales y más directas que hay con respecto de García Castaño. De hecho, es la única que se encontró en el registro de su domicilio: advertido El Gordo con antelación, los agentes policiales se encontraron con un domicilio impoluto y solo pudieron echar a la cesta el móvil que llevaba Castaño encima, un justificante de una transferencia por 105 euros, dos tarjetas de visita de Cenyt (una de las empresas de Villarejo) y nueve relojes.

En cuanto a las razones del retraso de dos años y cuatro meses en el acceso a su contenido, una vez que éste ha sido asegurado, para incorporarlo a la investigación, el juez inserta en el auto toda una serie de cautelas legales con referencia al acceso a comunicaciones y protección de derechos fundamentales y la obligación de "motivarlo".

Para un profano (y mucho jurista que Público ha consultado a la vista de este auto) es difícil entender qué es lo que tenía de no motivado el hecho de volcar los móviles de dos de los principales investigados para garantizar su "aseguramiento", así como el franqueo de dicho volcado como fuente de prueba para el esclarecimiento de los hechos. Se aprecia una clara contradicción entre la desidia mostrada con el móvil de García Castaño y la querencia de los investigadores y magistrados por los audios grabados por Villarejo de sus conversaciones con El Gordo: audios, sí y tripas del móvil de El Gordo, no.

No figuran solicitudes del tráfico de comunicaciones de Villarejo a las compañías telefónicas

Dos de las muchas diferencias del caso Villarejo con la forma en que se han instruido otros conocidos sumarios como Púnica, Lezo o el del Pequeño Nicolás, es que en Tándem no se han visto aún incorporados a ninguna pieza (no secretas) del sumario los tráficos de comunicaciones entre Villarejo y cualquier otra persona de interés en la causa. No se ven tráficos solicitados a las compañías telefónicas, ni durante las diligencias de investigación de la Fiscalía antes de la apertura del sumario ni tras ella. Ni de Villarejo ni de ningún otro investigado. Y el momento para solicitar dicha información era en el inicio de la investigación porque, teóricamente, las operadoras guardan esos datos solo durante un año.

Mas allá de los audios grabados por el propio Villarejo, no se incorporan a las piezas, por tanto, contactos del comisario (llamadas o mensajes) con los implicados y/o afectados a través de las varias líneas de teléfono que utilizaba, bien del ministerio del Interior (de cuatro dígitos) o bien civiles (nueve dígitos) contratadas a su nombre, a nombre de alguna de sus identidades dobladas o a nombre de terceros. No figuran tampoco datos procedentes del volcado de los varios dispositivos telefónicos que le fueron incautados cuando fue detenido y registrado; ni un mísero mensaje. Tampoco se ha geoposicionado ninguno de sus móviles, una diligencia que hubiera ayudado mucho en varias piezas en las que situarle geográficamente en tiempo y lugar era y es clave para esclarecer lo ocurrido.

Por no pedir, ni siquiera se ha pedido al juzgado de instrucción nº 2 —donde recayó el celebérrimo sumario del Pequeño Nicolás y la Grabación Ilegal al CNI—, el tráfico de comunicaciones de Villarejo durante 60 días del último trimestre de 2014 que contiene el procedimiento. Esos datos resultarían muy útiles para entender la verdadera naturaleza de sus "proyectos" y la razón de sus cobros, así como para permitir una mejor identificación de los colaboradores, intermediarios, clientes, extorsionados y una mejor comprensión del papel jugado por su ejército mediático en la comercialización de sus servicios y ejecución de sus tejemanejes, dada la constatación progresiva del rol y peso que la pata mediática tiene en su mafioso negocio.   

El Caso del Pequeño Nicolás y la Grabación Ilegal al CNI no es el único sumario en el que figura un tráfico de comunicaciones del comisario que no ha sido objeto de exhorto (cuando un juzgado pide a otro todo o parte de un sumario para incorporarlo al suyo) por el juzgado de Tándem.

Así, en la causa abierta en un juzgado de Fuenlabrada por el chivatazo al cabecilla de la Operación Prima o Caso Varma, un oficio recoge el análisis de otros dos meses enteros (marzo y abril de 2014) del tráfico de dos líneas telefónicas de Villarejo y lo que muestra es que ese intercambio se producía principalmente con periodistas y medios de comunicación.

Este oficio no puede ser desconocido para los investigadores de Tándem porque lo firma el mismísimo jefe de Grupo III de Asuntos Internos que investiga en esta macrocausa.

Ante dicho hallazgo, el jefe de Grupo III no promovió en aquella ocasión investigación alguna sobre el porqué de tan intensa relación con ciertos medios de comunicación, en contraposición con el interés que sí exhibió para que se le adjudicase la investigación de la pieza del chivatazo a Varma de la que Villarejo era sospechoso y de la que salió exonerado.

Aunque para que se abriera la causa Tándem quedaban aún tres años, el Jefe de Grupo III se desentendió de las intensas relaciones mediáticas del comisario y no las relacionó siquiera con las ficciones publicadas sobre el asunto de Varma. Quizás olvidó que la Policía tiene un departamento de prensa del que Villarejo no formaba parte y que el primer expediente disciplinario que se le conoce al comisario encarcelado, y que se remonta a 1979, fue precisamente por filtrar a la prensa lo que no debía, perjudicando una investigación por asesinato a base de comerciar con el sacrificado trabajo de funcionarios honrados y pagado con el dinero de todos.